Los Ángeles, California.- La alcaldesa de Los Ángeles, la demócrata Karen Bass, firmó este viernes una orden ejecutiva destinada a proteger a las comunidades inmigrantes, en respuesta a las redadas migratorias realizadas en la ciudad desde hace más de un mes, a las que calificó como “ilegales y caóticas”.
La nueva directiva refuerza los protocolos municipales que impiden el uso de recursos de la ciudad para colaborar con la aplicación de leyes migratorias. Además, amplía el acceso a recursos para familias afectadas, establece un grupo de trabajo especial dentro del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y exige a las agencias federales registros de los operativos realizados sin autorización local.
“Ante las señales de la Administración Trump de que intensificará su enfoque caótico, me aseguro de desplegar todos los recursos y herramientas disponibles en la ciudad para asegurar el apoyo a las comunidades inmigrantes”, declaró Bass durante la firma.
La alcaldesa sostuvo que esta acción es “necesaria” para proteger a la ciudad y sus habitantes frente a la política migratoria del gobierno federal.
También indicó que el Ayuntamiento continuará buscando opciones legales en los tribunales para frenar lo que describió como operativos violentos y no autorizados.
Bass se refirió específicamente al despliegue ocurrido el lunes en el Parque MacArthur, considerado el corazón de la comunidad centroamericana, donde agentes enmascarados se movilizaron en vehículos blindados, a caballo y con el sobrevuelo de un helicóptero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sin contar con autorización de la ciudad. Aseguró que el operativo tuvo como único fin “atemorizar” a los angelinos.
“Nunca aceptaré estas redadas ilegales y caóticas y seguiré haciendo todo lo posible para defender los derechos de los habitantes de Los Ángeles”, advirtió.
A inicios de semana, Bass anunció que la ciudad se sumó a una demanda presentada contra el Gobierno federal, en la que se alega que las redadas realizadas en Los Ángeles y sus alrededores son inconstitucionales y se basan en perfilamiento racial.