Nora Chávez, directora de Servicios Públicos del Gobierno Municipal de Ixtapaluca, fue captada en video recibiendo presuntos pagos de extorsión a trabajadores recolectores de basura, a quienes se les habría exigido dinero a cambio de permitirles operar en la localidad.
En uno de los videos, presuntamente grabado el 19 de marzo, se observa a la funcionaria contando un fajo de billetes entregado por un hombre.
En otro video, del 2 de febrero, se repite la misma dinámica: Chávez recibe efectivo y lo cuenta, aparentemente para asegurarse de que no falte la cantidad pactada.
La difusión de estas imágenes provocó una protesta este miércoles frente al Palacio Municipal, donde decenas de recolectores de basura exigieron hablar directamente con el alcalde, Felipe Arvizu, para denunciar los presuntos actos de corrupción.
Juan Carlos Zanjas, secretario general de la CTM en Ixtapaluca, afirmó que la funcionaria recibe semanalmente 15 mil pesos por permitir la operación de los camiones recolectores. Además, denunció una cuota adicional de 500 pesos por cada una de las 150 calcomanías necesarias para circular, lo que suma 75 mil pesos que, según dijo, ya estarían en poder de Chávez.
“Son más de 200 recolectores los afectados y más de 800 familias las que ven mermados sus ingresos por esta situación”, aseguró el líder sindical.
Como medida de presión, los manifestantes vaciaron camiones de basura en la entrada principal del edificio del gobierno municipal.
En respuesta, el Ayuntamiento de Ixtapaluca difundió un comunicado en redes sociales en el que descalificó las denuncias, acusando a los líderes sindicales de intentar obtener beneficios personales como contratos de obra y espacios en la administración.
Lee también: Extraditan de EEUU a México a exlíder de ‘La Familia Michoacán’
“No caeremos en provocaciones, pero tampoco permitiremos que se vulneren los derechos de los ixtapaluquenses, mucho menos por intereses ajenos al bien común”, señalaron las autoridades.
Hasta ahora, el gobierno municipal no ha ofrecido una postura clara respecto a los videos, lo que ha incrementado el malestar ciudadano y de los trabajadores afectados.
