Washington, D.C.– La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la Administración de Donald Trump, alineándose con su petición de levantar los bloqueos impuestos por tribunales menores a la tentativa de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Esta decisión representa una victoria significativa para el mandatario y podría tener repercusiones en varias demandas contra sus políticas.
Con una mayoría conservadora de seis votos a favor y tres en contra, el fallo no aborda los méritos del decreto, que busca restringir el derecho automático a la ciudadanía estadounidense, un derecho establecido en la Constitución, y negar este beneficio a los hijos de padres indocumentados o con visados temporales.
En cambio, la decisión se centra en la jurisdicción de los tribunales menores y la legalidad de sus decisiones al bloquear a nivel nacional una orden ejecutiva del presidente Trump.
El caso en cuestión revisó los bloqueos temporales emitidos por tres jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes dictaminaron que el presidente no tiene autoridad para modificar o restringir la Constitución.
La mayoría de la Corte, representada por la jueza conservadora Amy Coney Barrett, señaló que “los tribunales federales no ejercen una supervisión general sobre el poder ejecutivo”, y que su rol se limita a resolver casos y controversias según la autoridad conferida por el Congreso.
Además, Barret aclaró que cuando un tribunal concluye que el Poder Ejecutivo ha actuado ilegalmente, la respuesta no debe ser que el tribunal también exceda su poder.
La jueza subrayó que la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento no entrará en vigor hasta 30 días después de la publicación de la opinión de la Corte.
Este retraso ofrece un espacio para que los demandantes consideren presentar demandas colectivas en lugar de individuales, una alternativa para impugnar la orden ejecutiva de Trump.
Según el Migration Policy Institute, unos 255 mil bebés al año podrían verse afectados por las restricciones a la ciudadanía por nacimiento.
Críticos de Trump, incluidos expertos legales, sostienen que este derecho está protegido por la Enmienda 14 de la Constitución y no puede ser revocado por una orden presidencial.
La jueza liberal Sonia Sotomayor, en una rara ocasión, anunció su voto disidente desde el estrado, demostrando su desacuerdo con la mayoría.
“El Estado de derecho no se da por sentado en esta nación…”, afirmó, señalando su preocupación por la renuncia de la Corte a su papel en proteger la democracia.
La jueza Ketanji Brown Jackson también expresó su desacuerdo, advirtiendo que el fallo permitiría al Ejecutivo vulnerar los derechos constitucionales de quienes no están involucrados directamente en las demandas.
Jackson consideró que este fallo representa una “amenaza existencial para el Estado de derecho” en EEUU.
La medida de limitar la ciudadanía automática a los hijos de migrantes irregulares fue una de las promesas de campaña de Trump, quien implementó la orden ejecutiva el mismo día de su regreso al poder en enero, reforzando su política migratoria de mano dura.
