La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que su administración analiza emprender acciones legales internacionales contra SpaceX, la empresa aeroespacial propiedad de Elon Musk, debido a los efectos ambientales y de seguridad derivados de un reciente lanzamiento fallido del cohete Starship, cuyos restos terminaron en costas mexicanas.
Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum confirmó que el gobierno federal lleva a cabo una revisión jurídica internacional para determinar si la compañía estadounidense violó tratados o normativas ambientales al realizar lanzamientos tan cerca del territorio nacional.
“Estamos investigando qué leyes se estarían incumpliendo y, a partir de ahí, iniciaremos el proceso correspondiente”, declaró la mandataria.
Explosión en Texas, consecuencias en México
El incidente que detonó esta revisión ocurrió el pasado 18 de junio, cuando un cohete Starship explotó tras su despegue en la base de SpaceX en Boca Chica, Texas, a solo tres kilómetros de la frontera con México. La desintegración del propulsor provocó que fragmentos del cohete cayeran en el Golfo de México, y las corrientes marinas arrastraron parte de los restos a Playa Bagdad, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.
Los residuos hallados incluyen fragmentos de plástico, aluminio, silicona, caucho, tanques de enfriamiento y otros materiales industriales. Autoridades locales iniciaron labores de limpieza, pero organizaciones ambientalistas advirtieron que la micro basura espacial podría haber quedado dispersa en la zona, representando un riesgo para los ecosistemas marinos.
Riesgo para especies en peligro
Uno de los impactos más sensibles fue la suspensión de la liberación de 10 mil crías de tortuga Lora, una especie en peligro de extinción que habita en las costas de Tamaulipas. Expertos advirtieron que las partículas tóxicas presentes en los restos del cohete podrían afectar la salud de los ejemplares y contaminar la cadena alimenticia marina.
“Los residuos espaciales pueden contener sustancias altamente contaminantes que amenazan tanto a la fauna como a la flora costera”, alertaron especialistas consultados por organizaciones civiles.
Demanda en puerta
El gobierno mexicano, en coordinación con sus dependencias ambientales y jurídicas, se encuentra recabando evidencia para determinar la viabilidad de presentar una demanda internacional contra SpaceX, argumentando violaciones al derecho ambiental y posibles riesgos a la soberanía territorial.
Sheinbaum dejó claro que el análisis no será simbólico:
“No se trata de una simple revisión, sino de tomar acciones legales si así lo indican las leyes internacionales”, subrayó.
Hasta el momento, ni SpaceX ni Elon Musk han emitido una postura pública respecto a los señalamientos del gobierno mexicano.
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El caso se presenta como un nuevo desafío diplomático y ambiental para la relación entre México y Estados Unidos, en un contexto donde las actividades aeroespaciales privadas avanzan a gran velocidad, pero también generan interrogantes sobre su impacto transfronterizo.
