Washington, D.C.- La Corte Suprema de Estados Unidos despejó este lunes el camino para que el gobierno del presidente Donald Trump reanude la deportación de migrantes a terceros países, sin necesidad de ofrecerles la oportunidad de demostrar los riesgos que enfrentarían en su destino.
El fallo representa una nueva victoria para la administración republicana en su política migratoria de deportaciones rápidas y masivas.
La Corte levantó una orden previa que obligaba al gobierno a garantizar a los migrantes una “oportunidad significativa” de advertir si podrían sufrir tortura o violencia en los países a los que serían enviados, mientras se resolvía un litigio.
La medida anterior fue impuesta por el juez de distrito Brian Murphy, de Boston, el pasado 18 de abril.
Sin embargo, la resolución del máximo tribunal, emitida como respuesta a una solicitud de urgencia, no fue firmada ni argumentada, en línea con las prácticas habituales para este tipo de decisiones.
Disenso liberal: “Incomprensible e inexcusable”
En una crítica contundente, la jueza Sonia Sotomayor, respaldada por los otros dos magistrados liberales, calificó el fallo de “abuso flagrante” de la discrecionalidad judicial.
“Aparentemente, el tribunal considera que la idea de que miles de personas sufran violencia en lugares remotos es más aceptable que la remota posibilidad de que un tribunal de distrito se haya excedido en sus facultades correctivas al ordenar al Gobierno que proporcione la notificación y el proceso al que los demandantes tienen derecho constitucional y estatutariamente”, escribió Sotomayor.
“Ese uso de la discrecionalidad es tan incomprensible como inexcusable”, añadió.
Antecedentes: migrantes detenidos en Yibuti
El caso se originó tras una demanda colectiva presentada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) endureciera en febrero los procedimientos de deportación a terceros países.
En mayo, el juez Murphy dictaminó que el gobierno había violado su orden al intentar deportar a un grupo de migrantes a Sudán del Sur, país afectado por violencia, secuestros y conflictos armados.
Como consecuencia de la orden judicial, los migrantes fueron retenidos en una base militar en Yibuti mientras se resolvía el caso.
Entre las personas que serían expulsadas había un ciudadano sursudanés, así como otros migrantes procedentes de Cuba, México, Laos y Vietnam.
