El 1º de junio, en la casilla 627 de Pátzcuaro, Michoacán, se esperaba que 754 personas acudieran a votar, pues ése es el número de ciudadanos registrados en la Lista Nominal del Instituto Nacional Electoral. Llegaron 770.
Lo mismo ocurrió en la casilla 657 de Tonalá, Chiapas, donde hay mil un ciudadanos con credencial para votar, pero aparecieron mil 20 votos.
Casos semejantes se registraron en los municipios chiapanecos de Bochil y Las Margaritas.
En Guerrero, en casillas de Ciudad Altamirano, Zihuatanejo y Chilpancingo, la euforia por la elección judicial llevó a las urnas al cien por ciento de los empadronados en el Registro Federal de Electores.
Dicha euforia democrática estaría muy bien, si no fuera porque el ritmo de votación es insostenible en un proceso de votación tan complejo y tardado. Para que los 425 ciudadanos que votaron en la casilla 03 de Zihuatanejo pudieran emitir sus votos, hubiera sido necesario que la jornada electoral durara más de 20 horas, y no las diez previstas en la ley.
Estos casos son reales y fueron documentados por el INE en el acuerdo mediante el cual avaló la sumatoria de votos de la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, sin embargo, fue declarada válida por seis de los 11 consejeros del INE.
Las anomalías que llevaron al INE a invalidar 811 casillas de la elección de la SCJN fueron clasificadas por el instituto en cinco grandes rubros, que conforman lo que podríamos llamar el pentagrama del fraude en la elección judicial.
I. Casillas seccionales que registraron una participación ciudadana igual o superior al 100 % de su listado nominal sin justificación alguna de registro de dicha participación.
II. Casillas seccionales donde se hubiera identificado “boletas sin dobleces”.
III. Casillas seccionales donde se hubiera emitido un voto único a candidatura con diversas agravantes “Casillas Zapato”, aunado a que estos casos no contengan los listados nominales.
IV. Casillas seccionales con incidentes no resueltos registrados en el Sistema de Información de la Jornada Electoral, en los que se advirtió la presencia de personas empleando “acordeones” sin que se haya hecho nada efectivo para disuadir esa conducta.
V. Casillas seccionales con participación superior al 50 % y en cuya votación se presuma la imposibilidad temporal de dicha participación.
Como en un pentagrama, los ejecutores de estas conductas tocaron por nota una melodía, la de la operación acordeón, que les permitió que en más de 40 mil casillas ganaran las candidaturas señaladas en las guías de voto (acordeones) previamente difundidos en un sitio patrocinado por Morena.
Por eso, el consejero Arturo Castillo propuso a sus colegas no aprobar la declaración de validez de la elección y dar la oportunidad al Tribunal Electoral de revisar a fondo las conductas detectadas.
Por eso, la consejera Claudia Zavala sugirió ir a fondo en la investigación de quién o quiénes orquestaron y financiaron la operación acordeón, y si en ello se invirtieron recursos públicos.
Por eso la consejera Dania Ravel y el consejero Jaime Rivera pidieron no minimizar la vuelta al pasado que implica el que se hayan dado estas conductas, propias del “paleolítico electoral”, en el que predominaban el “carrusel”, “la urna embarazada”, las “casillas zapato” y las “boletas planchadas”.
Por eso, Martín Faz fue incisivo y preciso en sus números: para la elección del Tribunal de Disciplina Judicial, en 43 mil de las 84 mil casillas que instaló el INE ganaron las cinco magistraturas en disputa las tres candidatas y los dos candidatos señalados en los acordeones.
Por inverosímil que parezca, en el 90.39 por ciento de las casillas obtuvieron la mayoría de los votos entre tres y cinco candidaturas de dicho acordeón. En nueve de cada 10 casillas, la ciudadanía votó de forma idéntica en una boleta en la que había 38 candidaturas y 174 mil 420 combinaciones posibles para votar.
Esta inducción del voto deslegitima la elección judicial ideada por Andrés Manuel López Obrador, ordenada mediante una reforma constitucional aprobada por Morena y sus aliados, y ejecutada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mácula del fraude perseguirá a los beneficiarios de la operación acordeón, independientemente de su perfil, su trayectoria profesional o su origen étnico.
El nuevo Poder Judicial, al que se quiso dotar de legitimidad democrática por emanar de una elección popular, será en realidad el producto de acuerdos oscuros que configuraron las listas de quienes aparecieron en los acordeones.
