El Gobierno de México expresó este jueves su firme rechazo a la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de bloquear una demanda por 10 mil millones de dólares interpuesta por el Estado mexicano contra los principales fabricantes estadounidenses de armas de fuego, a quienes acusa de facilitar el tráfico ilegal de armas que alimenta la violencia en el país.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente, lamentó que la Corte Suprema haya revocado el fallo previo de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, el cual había permitido que la demanda siguiera su curso. Con esta decisión, el caso regresa a la Corte de Distrito para continuar bajo los lineamientos establecidos por la Suprema Corte.
“El Gobierno de México ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que estas empresas causan al país y seguirá su lucha contra el tráfico de armas y la responsabilidad de los fabricantes que permiten que el flujo de armamento alimente la violencia y fortalezca a los grupos delictivos”, sostuvo la Cancillería a través de un comunicado oficial.
La decisión del máximo tribunal estadounidense se basa en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que otorga inmunidad legal a los fabricantes de armas frente a este tipo de demandas. Según el dictamen publicado este jueves, no se comprobó que las empresas hayan “ayudado o facilitado” directamente el tráfico ilícito de armas. No obstante, la Corte no se pronunció sobre el segundo argumento de la demanda: la proximidad del daño (“proximate cause”), una omisión que mantiene abiertas ciertas posibilidades legales.
La demanda fue presentada en agosto de 2021 ante un juez de distrito en Boston, Massachusetts. En enero de 2024, la Corte de Apelaciones concluyó que México había alegado de manera suficiente que los fabricantes “ayudaron e instigaron el tráfico ilegal de sus armas hacia México”.
La SRE puntualizó que la decisión de la Suprema Corte no afecta una segunda demanda presentada por México en 2022 ante una corte federal en Tucson, Arizona, en contra de cinco tiendas distribuidoras de armas. “Ambos casos han permitido dar visibilidad al grave impacto del trasiego de armas a nuestro territorio”, indicó la dependencia.
Asimismo, México ha logrado internacionalizar el tema al posicionarlo no sólo en el ámbito bilateral, sino también en foros multilaterales como el Consejo de Seguridad de la ONU, que en 2021 adoptó la resolución 2616 sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. Se está a la espera, además, de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita una opinión sobre el tema.
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En su conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el Gobierno analizará con detenimiento la decisión de la Suprema Corte estadounidense. “Son dos juicios, vamos a ver cuál es el resultado y les informamos”, declaró.
Pese al revés judicial, México reafirmó su compromiso de agotar todos los recursos legales y diplomáticos disponibles para frenar el tráfico ilícito de armas que tanto daño causa a la seguridad y paz de las familias mexicanas.
