Este domingo, México escribe un nuevo capítulo en su historia democrática con la celebración del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF), un ejercicio inédito en el país que permitirá a la ciudadanía elegir directamente a 881 cargos judiciales, incluidos ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y jueces federales. Aunque sin precedentes en México, esta forma de selección judicial no es exclusiva: países como Bolivia, Estados Unidos, Suiza o Guatemala también han optado por modelos similares, con resultados variados.
La reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual mandataria Claudia Sheinbaum, cambió radicalmente el mecanismo de designación. Hasta hace poco, era el presidente quien proponía una terna de candidatos ante el Senado, que se encargaba de ratificar la propuesta. Hoy, la responsabilidad recae completamente en el voto popular.
¿Mayor democracia o riesgo institucional?
Para los defensores del nuevo modelo, la elección directa implica mayor rendición de cuentas, soberanía popular y vigilancia ciudadana. La posibilidad de quitar o poner a quienes no cumplan con sus funciones judiciales es, en teoría, una vía para fortalecer la justicia. Sin embargo, diversos expertos y organismos internacionales han manifestado su preocupación.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la estabilidad en el cargo, un proceso de selección idóneo y la protección contra presiones externas son pilares fundamentales de una justicia verdaderamente independiente. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha advertido que este tipo de procesos podría vulnerar la independencia judicial y, con ello, los derechos humanos de la población.
Lecciones desde el extranjero
El informe “Elección de autoridades jurisdiccionales: países seleccionados” del Instituto Belisario Domínguez del Senado mexicano, detalla que el método de elección judicial varía ampliamente entre países, y en muchos casos ha provocado más interrogantes que soluciones.
En Bolivia, por ejemplo, las críticas giran en torno a la unilateralidad del proceso, donde un solo órgano estatal controla la preselección de candidatos, similar al sorteo realizado en México. En Estados Unidos, la preocupación se centra en el financiamiento privado de las campañas judiciales, lo que podría comprometer la imparcialidad de los jueces.
Otros países han optado por modelos menos amplios: Suiza y Estados Unidos eligen jueces a nivel subnacional; Japón aplica comicios de retención para los magistrados de su Corte Suprema. En naciones como Colombia, Perú o Venezuela, se elige solo a jueces de paz o autoridades equivalentes.
México, en contraste, decidió apostar por un cambio total: en esta elección se renuevan todos los niveles del sistema judicial federal.
Una votación decisiva
Más allá de las intenciones de democratización y transparencia, persisten dudas sobre la preparación del electorado para elegir perfiles técnicos, el uso de campañas políticas en el ámbito judicial, y la capacidad logística del Instituto Nacional Electoral (INE), que ha denunciado carencias presupuestales para llevar a cabo estos comicios.
Este proceso plantea una interrogante fundamental: ¿puede una elección popular garantizar justicia imparcial y técnica? Los resultados en México ayudarán a responder esta pregunta en los próximos años.
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Por ahora, la ciudadanía mexicana enfrenta una decisión trascendental que marcará el rumbo del Estado de Derecho, la estabilidad democrática y la confianza en la justicia.
