Hermosillo, Sonora.- Las versiones ofrecidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en torno al caso de dos agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) que dispararon por error contra un civil, han generado contradicciones en cuanto a su situación legal: mientras el fiscal estatal asegura que ya fueron judicializados, el vicefiscal afirma que siguen sin ser localizados.
Los hechos ocurrieron el pasado sábado 24 de mayo en el sur de Hermosillo, luego de que los elementos de la AMIC participaron en un cateo. De acuerdo con la versión oficial, los agentes abrieron fuego contra un ciudadano ajeno a los hechos al interpretar como una agresión la cercanía de su vehículo.
“El conductor fue herido tras ser confundido por los elementos que reportaron haber sido seguidos por varias camionetas y que una de ellas les cerró el paso”, detalló el fiscal estatal Gustavo Salas Chávez.
Subrayó que la víctima no tiene ningún vínculo con actividades delictivas y que actualmente se encuentra hospitalizada en estado delicado.
En declaraciones recientes, el titular de la FGJE aseguró que los agentes fueron judicializados por su presunta responsabilidad en hechos.
No obstante, en contraste con lo dicho por el fiscal, el vicefiscal de Control de Procesos, Ramón Tadeo Gradías Enríquez, declaró que los agentes no han sido detenidos y que actualmente la Fiscalía se encuentra en su búsqueda.
“No podemos de momento manifestar con precisión esa circunstancia. Lo que le podemos decir es que estamos trabajando arduamente y que en las próximas horas esperamos dar ya resultados de manera puntual”
Asimismo, justificó la no detención inmediata argumentando que “hay situaciones que se tienen que analizar a la luz de lo que contempla la figura de la flagrancia”, lo cual, dijo, se valoró jurídicamente en su momento.
🚨 #ÚLTIMAHORA | NO fueron DETENIDOS los 2 elementos de AMIC que balearon por error a ciudadano en #Hermosillo.
— Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) May 28, 2025
“Está en su búsqueda y localización”, dice el vicefiscal de Control de Procesos, Ramón Tadeo Gradías, de la @fgjesonora.
Y aunque sí tuvieron una “audiencia privada”… pic.twitter.com/ISi27tzbDi
El vicefiscal informó que hubo una audiencia privada con un juez para solicitar un mandamiento judicial que permitiera facilitar la investigación y conducir a los agentes a proceso.
La diferencia en los señalamientos ha generado confusión sobre el estatus legal de los involucrados: aunque ya habrían sido judicializados, aún no están bajo custodia ni han sido presentados ante la justicia.
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En un comunicado publicado el 28 de mayo, la Fiscalía de Sonora aclaró los siguientes puntos sobre lo sucedido:
1.- Los elementos involucrados manifestaron a su superior jerárquico que habían accionados sus armas para repeler una agresión, ya que estaban siendo seguidos por diversos vehículos. Después de lo anterior, dichos elementos se retiraron del lugar de los hechos y fueron presentados por su superior jerárquico horas más tarde, ante el agente del ministerio público a fin de deslindar responsabilidades.
2.- Al no existir flagrancia delictiva se ejercitó acción penal con pedimento de órdenes de aprehensión, siendo concedidas la madrugada del 26 de mayo. Por lo anterior, cuando se informó, el propio 26 de mayo, que dichos sujetos habían sido judicializados, fue porque ya existían órdenes de aprehensión y se estaba realizando su búsqueda para la detención.
3.-Por otra parte, desde que se tuvo conocimiento que la víctima se encontraba internado en el Hospital General de Especialidades, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se apersonó para gestionar y garantizar la atención médica correspondiente; asimismo, se mantiene comunicación permanente con su familia. El día 27 de mayo por decisión de la familia fue trasladado a un hospital privado para su atención médica, por lo que esta Fiscalía no está autorizada para informar sobre su estado de salud.
4.- El Ministerio Público ha establecido contacto con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora, a efecto de que se brinden los apoyos que en derecho procedan a favor de la víctima y su familia.
