Los cambios suelen percibirse como positivos. Uno de los errores más comunes de la humanidad es asumir que el progreso, por sí mismo, es inherentemente bueno, una idea que la modernidad implantó en el imaginario colectivo. México lleva siete años bajo la llamada Cuarta Transformación de la vida pública, y en este “segundo piso” se ha consumado una reforma constitucional que promete justicia para un Poder Judicial considerado ineficiente, basada en un fundamento poco lógico: si la gente elige a los jueces, estos serán mejores.
La elección popular de personas juzgadoras, programada para el 1 de junio de 2025, es un espejismo que cumple con una de las reglas básicas expuestas por Maquiavelo para adquirir, conservar y expandir el poder: debilitar a los poderosos y evitar que otros igualen tu influencia. La reforma constitucional, presentada como un triunfo democrático, es en realidad una estrategia para neutralizar a actores de poder que no coinciden con Morena y sus aliados. El mito de que la voluntad popular elegirá a los jueces se desmonta por los siguientes motivos:
- La maquinaria electoral y las estructuras que el partido en el poder ha consolidado a través de programas sociales le permitirán movilizar votantes y elegir a sus candidatos para los cargos clave del Poder Judicial. El desafío para el partido y sus operadores será activar a sus bases sin la marca Morena. Para lograrlo, los gobernadores deberán colaborar con funcionarios federales y comunicar eficazmente a sus bases por quién votar y cómo hacerlo.
- Se estima que participarán alrededor de 10 millones de mexicanos, lo que representa menos del 10% del padrón electoral, haciendo que la elección sea poco representativa. Esta baja participación la deslegitima, y quienes ocupen los cargos no reflejarán la voluntad general.
- Al no existir un porcentaje mínimo de participación para validar la elección, el partido en el poder se enfocará en garantizar que sus candidatos triunfen, lo que facilita el control del proceso sin importar cuántos voten.
- Los candidatos sin el respaldo de gobernadores o grandes operadores políticos del oficialismo tendrán nulas posibilidades, ya que carecerán de bases electorales que los sostengan. El tiempo es limitado, no pueden usar recursos propios, y la desinformación sobre el rol de las personas juzgadoras y del Poder Judicial es abrumadora. Esto sugiere que no llegarán los mejores, sino los convenientes para el poder, como las actuales “ministras del bienestar” o los tres magistrados del Tribunal Electoral que solo refuerzan las posturas del oficialismo. Es probable que el Poder Judicial quede subordinado a los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos dominados por Morena y sus aliados.
- La complejidad y el tiempo que implica la votación pueden generar confusión entre los votantes, ya que el proceso difiere de las elecciones para los poderes Legislativo y Ejecutivo. Esta curva de aprendizaje podría costarle a México la elección de cargos con periodos largos, como los 10 años de los ministros de la Suprema Corte, sin posibilidad de ajustes a corto o mediano plazo.
- Una de las virtudes de los sistemas democráticos es la posibilidad de “despedir” a los gobernantes con el voto en elecciones periódicas. Sin embargo, la elección del Poder Judicial atenta contra este principio, ya que cargos como los de los ministros de la Corte, con una duración de 10 años, no estarán sujetos a evaluaciones frecuentes, a diferencia de los diputados federales o locales.
Este simulacro de proceso democrático busca consolidar el dominio del partido en el poder. Al controlar ya dos de los tres poderes de la Unión, el único obstáculo que les queda es el Poder Judicial, diseñado en parte por sus adversarios del pasado. Montar un espectáculo que costará a los mexicanos alrededor de 8,000 millones de pesos, envuelto en un discurso que promete mejorar la justicia, es una estrategia de mercadotecnia para lograr lo que el refrán inglés expresa con sabiduría: “cambiar para no cambiar”. En el fondo, no se mejorará la justicia; solo cambiará de manos. Como el rebelde Tancredi le dijo a su tío, el príncipe de Salina, don Fabrizio Corbera, al unirse al ejército de Garibaldi en la monumental obra El Gatopardo de Lampedusa: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Si Morena desea mantener su hegemonía, el Poder Judicial debe transformarse, para que ese cambio perpetúe el orden que, desde López Obrador, se ha buscado instaurar.
