El abuso sexual en la infancia, es tal vez la violencia más severa que puede vivir una persona. En México, la violencia sexual ejercida contra niñas, niños y adolescentes, ha alcanzado los niveles más terroríficos, al posicionar al país en los lugares más altos a nivel mundial en abuso sexual infantil, pornografía infantil, y embarazo en adolescentes. De acuerdo a cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cerca de 5.4 millones de casos de abuso sexual infantil se cuantifican cada año en territorio mexicano.
El abuso sexual, se reconoce en nuestro Código Penal Federal, como el delito que se ejecuta en una persona, sin su consentimiento, o cuando se le obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales como tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos. También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. Este puede conllevar el uso de violencia, física o psicológica.
En México ha sido complejo el obtener datos exactos sobre cuántas niñas, niños y adolescentes son víctimas de este tipo de violencias, ya que gran parte de esta no es denunciada.
En 2004, la Secretaría de Salud a nivel federal, registró una estimación de ocho mil 775 infantes por lesiones de violencia sexual: 610 menores de cero a cinco años; mil 217 de entre seis y 11, y seis mil 948 adolescentes de 12 a 17 años. De las víctimas, el 92.71 % (ocho mil 136) fueron mujeres, el 7.06 % (620), hombres, y el 0.21 % (19) no se especificó.
La OCDE ha dado puntual seguimiento a este problema, que parece ser invisible en la agenda pública, en las dinámicas diarias de las familias y en las instituciones. Los datos revelan que el 90% de la violencia sexual contra niñas y niños sucede en el hogar, el 75% de la niñez que sufre abuso son mujeres; el 75.1% de quienes ejercen abuso sexual son hombres. En cuanto a la relación de víctimas y victimarios, el 88.5% de los abusadores son conocidos de las niñas y niños, y el 50.4% de quienes ejercen abuso sexual son familiares (19.4% tíos/as, 9.7% primos/as mayores, 7% padrastros, 4.4% hermanos/as).
Todos los días, en promedio, 32 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz en México a otra niña o niño. Acorde a datos publicados por el Gobierno de México, en 2020 hubo 373 mil 661 nacimientos de madres adolescentes, de los que 8 mil 876 son hijas e hijos de niñas menores de 14 años. Niñas entre 10 y 14 años fueron embarazadas por: un amigo, un familiar, un desconocido o el exnovio. La mayoría de éstos, por violación sexual o matrimonios arreglados.
Estos datos revelan un doloroso escenario, nuestra niñez en México vive en constante peligro en los entornos en los que debería estar más segura, sus hogares, en donde por miedo, por tabú, por ignorancia, o por protección familiar, los secretos no salen a la luz. Según datos recabado en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIEH) 2021, alrededor de 12.4 millones de las mujeres de 15 años y más manifestó haber vivido algún tipo de violencia sexual en su infancia.
La impunidad del Sistema de Justicia, y la falta de capacitación del personal que atiende procesos de denuncia en las distintas instituciones del país, agrava en gran medida este serio problema. De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, solo 1 de cada 1000 casos denunciados de abuso sexual, obtiene condena. En este sentido, la falta de confianza en los procesos, la revictimización de las niñas, niños, adolescentes que denuncian, y la falta de protección, ponen aún más en vulnerabilidad a quienes enfrentan sus casos ante la ley.
Escuchar o leer testimonios de victimas de violencia sexual, en medio de un mundo globalizado, capaz de dar voz a víctimas a través de plataformas digitales, 20, 30, 40 años después, ha sido un importante detónate para visibilizar, y reconocernos en las victimas.
Los caos siempre son distintos, todos dolorosos, cada vivencia expuesta nos rompe, nos recuerda, nos invita a hablar, a buscar ayuda, a buscar sanar. Dar la voz a victimas de violencia sexual, no solo es un acto de justicia, de empatía y solidaridad, es abrir un proceso escondido, dar sonido a un secreto que seguramente guarda cada familia extensa en nuestro país, y que debe ser expuesto, para poder erradicarlo.
La agenda publica debe tener inscrito, como prioritario, la protección de nuestra niñez, poner nombre a las violencias desde las infancias, proteger a quienes denuncian, y sobre todo, buscar mecanismos encaminados a que no sucedan. La sociedad también debe cambiar, reconocer y abrazar, sin juzgar nunca a quienes nunca tuvieron la culpa. Las victimas tienen derecho a hablar cuando se sientan listas, y el Estado tiene la obligación de protegerlas.
