El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó en una audiencia a los fabricantes de armas demandados por México, que han pedido a los magistrados que no permitan que el caso proceda en los tribunales estadounidenses.
México exige una compensación de 10 mil millones de dólares a un grupo de fabricantes de armas estadounidenses, a quienes acusa de colaborar en el tráfico ilegal de armas que llega a los cárteles del narcotráfico en el país.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México describió como “un día histórico” la audiencia ante el Supremo estadounidense, al tratarse de un tema fundamental para la seguridad y el bienestar de ambos países.
El consultor jurídico Pablo Arrocha señaló que México cuenta con leyes estrictas contra la venta de armas, lo que ha llevado a organizaciones delictivas a adquirir armamento en el extranjero.
“Estas armas se utilizan para herir y matar a decenas de miles de mexicanos cada año. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre gracias al flujo de armas que se trafican ilegalmente, todos los días, desde Estados Unidos”, subrayó.
El funcionario acusó que desde EE.UU. se envían hasta medio millón de armas, o más, cada año a México.
Señaló que si la nación estadounidense desea frenar a los cárteles “es imperante cortar el suministro de sus armas de fuego”.
“Lo que nos preocupa y nos ocupa es el tráfico ilícito de armas hacia nuestro país, donde su posesión sí es ilegal, como consecuencia de la negligencia de los fabricantes de armas, que son muy conscientes de su desvío”, enfatizó.
El caso, presentado en 2021, ha tenido un desarrollo accidentado en los tribunales estadounidenses debido a una ley federal de 2005 que otorga inmunidad a los fabricantes de armas frente a litigios derivados del uso que los individuos hagan de sus productos.
El año pasado, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, en Boston, revivió la demanda al considerarla ajustada a una excepción de la ley que sí permite exigir responsabilidades a las armamentistas.
Pero los fabricantes, encabezados por Smith & Wesson, reaccionaron pidiendo al Supremo que revierta esa decisión y no permita que el caso siga avanzando por tribunales estadounidenses.
Esta demanda de los fabricantes es uno de los casos que el Supremo aceptó para su actual periodo de sesiones, con las decisiones normalmente anunciadas a finales de junio.
La audiencia en el Supremo coincidió con un momento de tensión entre México y Estados Unidos por la imposición de aranceles de importación del 25 por ciento a productos mexicanos por parte del Gobierno de Donald Trump.
Trump ha vinculado los aranceles con el tráfico de fentanilo que llega procedente de México, pero el Gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en que las organizaciones responsables del narcotráfico son poderosas gracias a las armas estadounidenses.
Con información de EFE y López-Dóriga Digital.
