El Gobierno de México justificó la entrega a Estados Unidos de Rafael Caro Quintero y otros 28 narcotraficantes mexicanos como una medida urgente ante el riesgo de que éstos pudieran ser liberados por jueces o que sus procesos se demoraran aun más, además de ser un riesgo para la seguridad nacional y en respuesta a una solicitud del Gobierno de Donald Trump.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, explicó este viernes los motivos detrás de la decisión del gobierno mexicano de entregar a 29 capos de la droga, entre los que se encuentran Caro Quintero, ‘El Viceroy’ Carrillo Fuentes, los fundadores de Los Zetas y hasta ‘Tony Montana’, hermano de ‘El Mencho.
“El gabinete de Seguridad cuenta con información de que algunos de estos objetivos solicitados por el Gobierno de Estados Unidos fueran liberados o se siguieran atrasando sus procesos de extradición derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos”, mencionó en conferencia de prensa.
Puntualizó que Estados Unidos había solicitado la entrega de algunos de esos capos por 40 años.
Más temprano este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió no emitir su opinión sobre la masiva entrega de narcos a Estados Unidos, pero soltó una frase crítica en contra del Poder Judicial.
“La corrupción del Poder Judicial en nuestro país es aberrante y ofensiva. Qué bueno que el pueblo de México tomó la decisión de cambiar de raíz. El Poder Judicial es una bendición para México, lo que vamos a vivir este año, elegir a los jueces, magistrados y ministros y que el pueblo pueda salvar al Poder Judicial de esta ofensiva corrupción para el pueblo”, mencionó.
FGR dice que no fue extradición
Alejandro Gertz Manero, fiscal de la República, señaló que la entrega de los 29 narcotraficantes mexicanos está justificada en el artículo 5° de Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución.
El funcionario dijo que de acuerdo con la ley, los 29 generadores de violencia fueron enviados, no extraditados, a Estados Unidos.
El artículo 5° de la Ley de Seguridad Nacional señala que “son amenazas” a la estabilidad de México:
I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional.
II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano.
III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada.
IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada.
VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación.
VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático.
VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva.
IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima.
X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas.
XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia.
XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.
¿Sheinbaum ordenó la entrega de 29 narcos mexicanos a EEUU?
En lo que respecta al artículo 89 de la Constitución, este enlista varias facultades y obligaciones de la presidenta de la República.
De manera directa, el gabinete de Seguridad fue cuestionado sobre si la entrega de los 29 narcotraficantes mexicanos a EEUU fue una orden de Claudia Sheinbaum.
“Esta fue una decisión del gabinete de Seguridad. Fue una decisión colegiada del gabinete de Seguridad que se tomó donde no tiene que ver la señora presidenta de la República. El gabinete lo coordina la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y ahí es donde se toma la decisión”, detalló García Harfuch.
Con información de El Financiero
