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martes, enero 13, 2026

Juez de control en Guerrero es sancionado tras usar fuerzas armadas en conflicto personal

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El Tribunal de Disciplina Judicial resolvió la inhabilitación por un año de un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Guerrero, luego de acreditar múltiples faltas administrativas graves, entre ellas acoso sexual, hostigamiento laboral y el uso indebido de recursos del Estado para atender un asunto de carácter personal.

La investigación estableció que el 21 de septiembre de 2022, el juzgador solicitó la presencia de una oficial judicial, una unidad blindada oficial y dos elementos armados, sin detallar el motivo del traslado. El personal fue conducido a un domicilio particular, donde el juez buscó recuperar un vehículo que, según su versión, había intercambiado con un integrante de la Secretaría de Marina a cambio de una suma de dinero que no le fue entregada.

En ese lugar, el funcionario confrontó a dos mujeres, familiares del marino, exigiendo la entrega del automóvil e incluso solicitó una grúa, sin contar con una orden judicial. La presencia de personal armado generó inconformidad entre vecinos del condominio, quienes cuestionaron la legalidad de la actuación y exigieron la salida inmediata del convoy.

La situación se intensificó cuando, por instrucciones del juez, uno de sus acompañantes realizó llamadas que derivaron en el arribo de tres camionetas de la Guardia Nacional y unidades de la Policía Estatal, con varios agentes, lo que incrementó la tensión en el sitio. El conflicto concluyó únicamente después de que el padre del marino confirmó una transferencia bancaria, misma que fue verificada por el propio juzgador, quien posteriormente ordenó el retiro del personal y los vehículos oficiales.

De manera adicional, el Tribunal acreditó acoso sexual en perjuicio de una trabajadora subordinada, así como hostigamiento laboral contra dos colaboradores. Al respecto, el presidente de la Comisión de Disciplina, Rufino León Tovar, afirmó que cualquier abuso de poder será sancionado, reiterando el compromiso institucional de combatir la corrupción y salvaguardar la integridad del sistema judicial.

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