El Gobierno de México, a través del Diario Oficial de la Federación, publicó el viernes el decreto para modificar los artículos 4° y 5° de la Constitución, para prohibir oficialmente el uso ilícito del fentanilo, así como la producción, comercialización y distribución de vapeadores.
Firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el decreto alcanzó los requerimientos de modificación tras ser aprobado en ambas Cámaras del Congreso, así como por los congresos locales (con 22), con el propósito de fortalecer el cuidado de la salud, y sancionar la utilización de estos artefactos que exponen a la población a sustancias nocivas.
Con el cambio decretado al artículo 4° constitucional, ahora será penado por la ley cualquier actividad vinculada a los vapeadores, mientras que el 5° prohíbe el ejercicio relacionado con estos productos, como la fabricación y venta en territorio mexicano.
En cuestiones de fentanilo, los cambios también prohíben la fabricación y la distribución de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, como el narcótico que ha despertado presiones de Estados Unidos a México.
La reforma fue resultado de la propuesta enviada a la Cámara de Diputados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien la envió como parte de su paquete de reformas ante el creciente problema de salud que representan los dispositivos y sustancias químicas.
Desde entonces, desde el Ejecutivo se argumentó que estudios clínicos han demostrado daños pulmonares asociados al uso de estos dispositivos, como enfermedad obstructiva crónica, bronquiolitis, fibrosis pulmonar y cáncer.
En su momento, ante la aprobación por parte del Congreso, Marcela Madrazo, directora general de Vapeo Informado, afirmó en entrevista para ‘Aristegui en Vivo’ que la prohibición constitucional de los vapeadores en México no solo sería inédita a nivel mundial, sino que además podría fortalecer el mercado negro y aumentar el consumo en menores de edad.
“La Constitución es el marco normativo que establece cuáles son las garantías y los derechos que el Estado está obligado a garantizar, y entre ellos, está la protección a la salud. No es la Constitución -de ninguna manera- el marco jurídico donde debiera prohibirse cualquier sustancia”, declaró.
La directora cuestionó la equiparación de los vapeadores con sustancias como el fentanilo, calificándola como desproporcionada.
Además, señaló que ‘la prohibición’ nunca ha funcionado como en el alcohol en Estados Unidos y el manejo del cannabis en México.
