Este año la Suprema Corte de Estados Unidos empezará a revisar una de las dos demandas interpuestas por el gobierno mexicano contra los fabricantes y comerciantes de armas de ese país. Como tardarán en decidir, se discutirá durante un buen tiempo.
Por la geopolítica y las leyes de la oferta y la demanda, Estados Unidos provee de armas a las organizaciones criminales que los abastecen de narcóticos. En esta historia el 2004 fue clave: expiró la prohibición de vender rifles de asalto en las armerías estadounidenses. Cuando Felipe Calderón declaró las guerras contra los cárteles en 2006, los criminales pudieron adquirir con facilidad armamento pesado. Creció la letalidad sicaria y se aceleró el conteo de ejecutados y desaparecidos.
Nadie sabe cuántas armas circulan por México. Se estima que entre 2005 y junio de 2024 ingresaron ilegalmente al país 3,900,000. En ese tiempo, de acuerdo con cifras oficiales, el Estado solo ha podido recuperar 337,067 (el 8.64 por ciento). Nos han fallado fiscalías, policías, fuerzas armadas, aduanas y presidentes.
AMLO reaccionó autorizando al canciller Marcelo Ebrard para que su consultor jurídico, Alejandro Celorio, interpusiera la primera demanda en Boston. El objetivo era demostrar la negligencia y corresponsabilidad de empresas y autoridades que permiten la venta indiscriminada e irresponsable de armas de fuego a organizaciones criminales. Al interior de la 4T hubo escepticismo y descalificaciones. Las demandas fueron consideradas inútiles, estériles y electoreras; en momentos en que Ebrard aspiraba a la presidencia.
Pese a ello, la iniciativa avanzó en tribunales porque estaba bien fundamentada, se manejó con inteligencia y obtuvo el apoyo de una parte de la sociedad organizada de los dos países. En México, un grupo de víctimas, activistas y académicos conformamos un grupo de “Amigos de la Corte” y obtuvimos el apoyo pro bono de un bufete estadounidense. En 2022 y 2023 presentamos dos escritos y estamos preparando un tercero que será llevado a la Suprema Corte.
Dada la mayoría conservadora en el máximo tribunal judicial estadounidense es posible que den la razón a los fabricantes de armas. Aun así, podrían fallar a favor de México porque la exportación ilegal de armamento no está protegida por la Segunda Enmienda de su Constitución. Es ilegal enviar armas a México y las penas crecerán si los grandes cárteles son declarados organizaciones terroristas.
Dadas las mentiras (y verdades) que se dicen sobre nuestro país, servirá haber llegado a ese nivel porque podemos aportar evidencia sobre el enorme efecto que tienen las armas estadounidenses en la violencia mexicana. Debemos seguirles exigiendo que limiten la venta de armamento a las organizaciones criminales; lo utilizan para amenazarnos, extorsionarnos y asesinarnos.
El nuevo canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, se comprometió públicamente a seguir apoyando el tema. Es indispensable que la sociedad organizada acompañe ese proceso para empujar la causa de las víctimas. Hay millones que ya lloran la muerte o desaparición de un ser querido; todos y todas somos víctimas potenciales porque estamos potencialmente expuestos a las balas asesinas.
Es indispensable involucrarse porque el tema de las armas se imbricará con las narrativas contrapuestas sobre narcóticos, migrantes y comercio. En estos asuntos, la sociedad mexicana cuenta con una comunidad de académicos, periodistas y activistas conocedores de temas que irán tejiendo el tapiz de nuestro futuro.
En el asunto de las armas ilegales tenemos a nuestro favor una cantidad impresionante de información que demuestra la irresponsable displicencia de los fabricantes estadounidenses y las reticencias gubernamentales a asumir plenamente su responsabilidad. En ese esfuerzo colectivo, el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México acaba de publicar un texto elaborado por Dulce Torres (https://violenciaypaz.colmex.mx/) donde actualiza y da sentido a las estadísticas. Servirá para la discusión que se nos viene.
Hay una premisa que enmarca buena parte de lo antes dicho. La seguridad ha sido, es y será una responsabilidad compartida por los gobiernos y las sociedades de México y Estados Unidos.
Comentaré esta columna en mi canal de You Tube.
@sergioaguayo
Colaboró Vianey Gutiérrez
