Para el entrañable Luis Astorga, afligido por la muerte de su hijo Alejandro
La presidenta elevó la apuesta sobre Sinaloa. Lanzó un reto a las organizaciones criminales y a las organizaciones sociales que luchan por la paz en todo el país. La semana pasada Claudia Sheinbaum aseguró en tres ocasiones que “el mejor apoyo que podemos dar” a Sinaloa es enviar a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Su función será coordinar “las tareas de todas las fuerzas federales y estatales” para “bajar” el índice de homicidios y otros delitos.
La seguridad mostrada por la presidenta viene de que ella sí está dispuesta a utilizar el gigantesco aparato bélico estatal. En los 18 años transcurridos desde que el presidente Felipe Calderón declarara la “guerra al narco”, las fuerzas armadas han incrementado efectivos, adquirido armamento y acumulado una enorme cantidad de información sobre el Cártel de Sinaloa (CDS).
Hace días, un colega académico me mostró una serie de documentos sobre Sinaloa, hackeados por el grupo Guacamaya Leaks a la Sedena. Impresionante lo que saben las fuerzas armadas sobre el CDS. Uno de ellos (la Problemática y panorama delictivo sinaloense, septiembre de 2020) contiene detallados mapas sobre la presencia criminal en los 20 municipios de la entidad. El gobierno también recurrirá (y obtendrá) el apoyo de las tupidas redes de inteligencia que agencias de Estados Unidos tienen en aquella entidad.
La fuerza y la información requiere de claridad sobre las metas. Quienes estudiamos el tema desconocemos el detalle de la estrategia y metas a corto, mediano y largo plazo. Como supongo que quieren una reducción permanente en los índices delictivos, las experiencias de Nueva York, Sicilia y Coahuila muestran lo indispensable de involucrar a la sociedad y de romper los pactos de impunidad.
¿Qué piensan los culiacanenses? En 2014 entre Casede, Colmex y SIMO levantamos una encuesta para estimar el tamaño de la población que estaba a favor del Estado de derecho o de las organizaciones criminales. Lo hicimos en municipios de todo el país; Culiacán estaba a la cabeza en la sensación de seguridad. Era obvio que la población asumía como natural un Estado dual; la coexistencia cotidiana de gobierno legal y gobernanza criminal.
En junio pasado visité Culiacán para dialogar con líderes cívicos y empresarios del estado. Me impresionaron dos cosas: el tamaño y densidad de las organizaciones sociales que crecieron, ¡oh paradoja! a la sombra de la pax narca y la falta de claridad generalizada sobre qué hacer ante la presencia cotidiana del CDS. El orden establecido estaba asegurado.
La violencia provocada por la ruptura entre la chapiza y la mayiza está modificando el desconcierto y la pasividad. El gobierno federal reacciona y se modifica la tolerancia social.
La semana pasada, Adrián López, director de El Noroeste, escribió un texto que detalla la movilización pública de la sociedad sinaloense en torno a un Gran Acuerdo para impulsar proyectos de mediano y largo plazo a favor de la seguridad y la justicia. Menciona explícitamente la participación de empresarios cuya importancia viene de que dialogan con gobernantes y financian la investigación y el fortalecimiento social.
Para opinar sobre el pacto de impunidad recupero un libro reciente de Froylán Enciso, un sinaloense con sólida formación académica y experiencia en el servicio público, (De Sinaloa para el mundo). En su parte teórica incluye los conceptos de alta y baja narcocultura. La alta es el espacio donde se da la “negociación de la impunidad”. Eso conduce a la evidencia sobre el protagonismo del actual gobernador, Rubén Rocha, en los entendimientos entre gobernantes y criminales. Dada su militancia en Morena ¿le retirará la actual presidenta el manto protector? ¿Alentará o permitirá una investigación apegada al debido proceso para confirmar o desechar esas presunciones?
El caldero sinaloense está hirviendo. Uno de sus principales ingredientes será el enfrentamiento entre el gobierno federal y sus aliados locales con las facciones del CDS enraizadas en sociedad y gobierno. Otro son las acciones de una parte de la sociedad culiacanense decidida a convertirse en el sujeto de la historia que empuja una paz duradera.
En Culiacán se la juegan Estado y sociedad.
Colaboró Vianey Gutiérrez
