La Cámara de Diputados se apresta a aprobar la reforma constitucional conocida como “de simplificación orgánica” -una más dentro del llamado “Plan C” de Andrés Manuel López Obrador-, que en realidad tiene el único objetivo de desaparecer siete organismos constitucionales autónomos.
Si el proceso legislativo es tan rápido como el de anteriores reformas del “Plan C”, en un par de semanas habrán de desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección (Inai), la Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
El argumento o pretexto es que, con su desaparición, el gobierno federal podría ahorrarse 32 mil millones de pesos y destinarlos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
En los hechos, esta reforma responde a un viejo prejuicio del expresidente López Obrador, quien siempre consideró a estos organismos como estructuras burocráticas, corruptas, dominadas por funcionarios sin ética ni escrúpulos, y que duplicaban funciones.
A los organismos constitucionales autónomos el gobierno anterior y el actual les achacan múltiples pecados, principalmente el del comportamiento de sus comisionados, consejeros y demás altos funcionarios: cobrar sueldos mayores al del presidente de la República, tener prestaciones excesivas -como los gatos de alimentación, viáticos y seguros-, y el hecho de ser puertas giratorias, en las que un día son reguladores y al otro día son parte de las empresas y entes regulados.
Ciertamente, algunos de sus responsables le han hecho un grave daño a estas instituciones con su comportamiento en el cargo y después del cargo. Destaca un caso, como ejemplo: Ximena Puente, que fue presidenta del Inai de 2014 a 2017, y en 2018 ya era diputada federal del PRI, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.
En los casos de las organismos reguladores de actividades económicas y del sector energético, se han denunciado omisiones graves en casos específicos, trato preferente a empresas hegemónicas y, en resumen, la cooptación de los reguladores por parte de los regulados.
Con todo y estos “pecados”, la gran pregunta es si la mejor salida para resolver los problemas de los organismos autónomos es desaparecerlos y regresar al modelo institucional previo a los años 90, cuando los gobiernos priistas carecían de contrapesos.
Qué pasará con las funciones de los OCA
El dictamen que será discutido el miércoles en la Cámara de Diputados propone que las funciones que cumplen estos organismos sean desempeñadas por otras instituciones, principalmente dependencias gubernamentales a excepción del Coneval, cuyas funciones serían transferidas a otro organismo autónomo que sí sobrevivirá a la reforma del “Plan C”: el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Mantener la valuación de la política social en otro organismo con autonomía constitucional no suena mal, de entrada; sin embargo, el Coneval ha expresado que esta reforma pone en riesgo la capacidad del Estado para apuntalar la lucha contra la pobreza y la promoción de los derechos sociales.
En los demás casos, sería el gobierno el que desempeñe funciones que, hace un par de décadas, se colocaron en un organismo autónomo para impedir que el gobierno sea juez y parte:
Las funciones de la CNH y CRE pasarían a la Secretaría de Energía; las del Ifetel a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; las de Mejoredu a la Secretaría de Educación Pública; las de la Cofece a la Secretaría de Economía, y las del Inai a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
En defensa del Inai
De todos los cambios, el más descabellado y riesgoso es el que busca pasar las funciones del Inai a la Secretaría Anticorrupción, hoy en manos de la morenista Raquel Buenrostro.
La decisión pone en riesgo el derecho a la información, consagrado en el artículo sexto de la Constitución, pues se elimina el órgano colegiado en el que se debaten y deciden los litigios interpuestos por ciudadanas y ciudadanos a quienes se les niega la entrega de información pública.
Un colegiado que debería estar integrado por siete comisionados, aunque hoy Morena lo tiene en sólo cuatro porque se ha negado a nombrar a quienes ocupen las vacantes que se han dado de 2022 a la fecha.
La reforma no sólo desaparece al Inai, sino a los institutos de transparencia de las entidades federativas.
Con la reforma que votarán Morena y sus aliados PVEM y PT, esta semana en Cámara de Diputados y la próxima semana en el Senado, habrá que confiar en la buena fe de una secretaria de Estado cercana a López Obrador para que todos los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia.
Y habrá que apelar a que la secretaria Buenrostro, y sus sucesoras en el futuro, permitirán que una instancia gubernamental falle a favor del ciudadano cuando éste tenga que litigar una solicitud de información.
La reforma constitucional abre la puerta a la creación de una nueva Ley en materia de transparencia, que será diseñada y aprobada por las mayorías oficialistas en el Congreso, y que seguramente limitará el acceso a la información y cuidará a los gobiernos morenistas, tanto federal como estatales, de investigaciones periodísticas y ciudadanas que busquen transparentar contratos, licitaciones, costo y desarrollo de obras públicas, adquisición de insumos (como medicinas) y contratación de servicios.
La reforma obstaculizará la rendición de cuentas, y volverá más opaco el ejercicio del servicio público y el manejo de los recursos del pueblo.
Además, deja en el limbo la protección de datos personales, una función que venía cumpliendo el Inai y que ahora quedará en manos de alguna dependencia que no se precisa en el dictamen que votarán los diputados.
Tiempo para recapacitar
La reforma es inminente y, sin embargo, aún vale la pena apelar a la sensatez y responsabilidad de los líderes de Morena en el Congreso y de legisladores como el senador Javier Corral, la senadora Malú Micher; los diputados Ricardo Monreal y Alfonso Ramírez Cuéllar, otrora defensores de la transparencia y la rendición de cuentas en pasadas legislaturas.
Quedan unos cuantos días y, sin embargo, no está por demás apelar a la sensatez y responsabilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tiene frente a sí una nueva oportunidad de distinguirse de su predecesor y demostrar que ha comenzado a delinear el destino de su propio sexenio.
No desaparecer al Inai y al Coneval, e impulsar una reforma para mejorarlos sin tirarlos a la basura, sería una señal política que le daría un respiro a su gobierno, hoy agobiado por múltiples frentes abiertos. Aún hay tiempo para recapacitar.
