Por Héctor Duarte Tagles
Del 11 al 22 de noviembre se estará llevando a cabo la 29 conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático o COP29, en la ciudad de Bakú, capital de Azerbaiyán.
Desde 1995 y de forma ininterrumpida (con excepción del 2020 por motivo de la pandemia de COVID-19), se han organizado estas reuniones en diferentes países para evaluar los avances globales en el combate al cambio climático y proponer políticas que contribuyan a controlar y mitigar sus efectos. A lo largo de casi 30 años de gestión ambiental internacional, la agenda de la COP tiene claroscuros que, si bien son innegables los avances, aún persisten barreras políticas y económicas que impiden avanzar al ritmo deseable y necesario.
La COP29 inició con grandes expectativas, no sólo porque desde las últimas 7 reuniones, el número de asistentes ha ido en aumento, lo cual refleja el interés mundial sobre el tema, sino también por algunos de los acontecimientos que han impactado la agenda internacional en materia de cambio climático últimamente (por ejemplo, los fenómenos meteorológicos en España y Arabia Saudita, los incendios en Canadá y Portugal, o la magnitud de los huracanes en el Caribe y Norteamérica); o incluso eventos políticos como las pasadas elecciones en los EE.UU. y los resultados de la COP16 sobre biodiversidad realizada en Cali, Colombia. Si el éxito de las COP se midiera por el número de asistentes, ésta pudiera ser ya un éxito con sus más de 66,000 representantes entre delegados, ONG y observadores registrados. Sin embargo, el número de asistentes en esta ocasión no pudo superar las más de 83, 000 personas que estuvieron en la COP28 del año pasado en Dubai, en los Emiratos Árabes, la cual rompió el récord de asistencia (la COP29 tiene por lo pronto el segundo lugar en número de asistentes).
Pero, más allá de los asistentes, los números que más interesan en esta ocasión son los relacionados al financiamiento de los países para cumplir sus compromisos de abatir el cambio climático, sobre todo de aquellos que más emiten contaminantes de efecto invernadero. El año pasado se logró un acuerdo, si bien no obligatorio, de consignar hasta 100 mil millones de dólares anuales para que las medidas de mitigación y control llegaran a ser efectivas a nivel mundial, de tal forma que el aumento de temperatura promedio global no alcance los 2°C para el año 2030. El reto ahora será multiplicar por 10 esa cantidad para cubrir los costos de migrar a energías limpias e implementar medidas resilientes ante la inminente llegada de futuros desastres, particularmente en países en desarrollo. Esta misión parece casi imposible, toda vez que los puntos de discordia normalmente se tienden a discutir al final para no entorpecer otros asuntos de mayor coincidencia y así dar visos de avance en la agenda.
La reciente experiencia con la COP16 sobre biodiversidad muestra lo frustrante que resulta dejar a la discusión final acuerdos como el establecimiento de fondos para financiar el monitoreo de cumplimientos (en ese caso de indicadores de pérdida de biodiversidad), porque muchos países, nuevamente los menos desarrollados, tienden a abandonar las últimas sesiones para no perder las delegaciones los vuelos de regreso a casa. Obviamente no son las razones principales para no llegar a acuerdos, pero de nuevo, son asuntos relacionados con el gasto o financiamiento los que quedan pendientes de resolverse.
Es de Perogrullo que el financiamiento resulta indispensable para cualquier programa gubernamental que pretenda implementarse, y los problemas del cambio climático no son la excepción. Al contrario, lo sorprendente es que, a sabiendas de que cada día que pasa sin hacer nada nos acercamos inexorablemente al punto de no-retorno, aún haya resistencia de ciertos políticos a comprometerse con el bien común, impulsando acuerdos que promuevan el uso de energías más limpias. Personajes como el presidente electo de los EE.UU. Donald Trump, prefieren responder a intereses de los sectores que han basado sus ganancias económicas en el indiscriminado uso de combustibles fósiles.
Preocupa por otro lado, que los jefes de estado de las 13 economías responsables del 70% de los gases de efecto invernadero (GEI) emitidos a la atmósfera, no asistirán a la COP29. Ni Xi Jinping de China (el principal emisor de GEI en el mundo) ni Joe Biden de los EE.UU. (el segundo emisor de GEI) asistirán, como tampoco lo hará el primer ministro de la India ni el de Alemania, ni el presidente de Brasil ni la de México. Esto refleja un desinterés tácito de los mandatarios a este problema de escala mundial (aunque para el caso de México sí confirmó su asistencia la secretaria de la SEMARNAT, Alicia Bárcena), o bien, puede predominar la apatía de querer buscar una solución real a algo que a sus intereses políticos no conviene. De cualquier manera, el resultado vuelve a ser el mismo y las COP se tornan en reuniones muy costosas de sólo buenos deseos. Ya el mismo Papa Francisco lo dejó señalado en la Encíclica Laudato Si desde 2015: “No obstante, las Cumbres mundiales sobre el ambiente de los últimos años no respondieron a las expectativas porque, por falta de decisión política, no alcanzaron acuerdos ambientales globales realmente significativos y eficaces”. Esperemos que no sea el caso para la COP29 y se logren verdaderos avances. El tiempo apremia.
Dr. Héctor Duarte Tagles
Profesor-investigador del Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Sonora. Especialista en Salud Ambiental. Email: hector.duarte@unison.mx
