“El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado”
Herbert Hart
Como se ve, la cara institucional de la justicia ha sido deformada por la corrupción, el engaño y el afán sectario de quienes debieran ser garantes de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, sin embargo, los ministros se empeñan en pasar por alto las disposiciones constitucionales al pretender “calificar” las reformas constitucionales, aunque ya estén publicadas.
Incluso hay algunos que afirma que nuestra Carta magna debe acatar las disposiciones de los tratados y acuerdos internacionales, con lo que se pone en seria duda la supremacía constitucional, pasando por la soberanía nacional y, desde luego, la voluntad popular que se expresa en las urnas electorales y se formaliza en las leyes.
Así las cosas, el soberano no es el pueblo representado en la Cámara de Senadores, la de Diputados y en los congresos estatales, sino las disposiciones externas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien califica y puede corregirle la plana al Soberano.
Arguyen que son “los últimos intérpretes de la Constitución”, pero se saltan la parte donde se establece quién es el constituyente permanente y artífice, por tanto, de las reformas constitucionales. El Poder Judicial es uno de los tres poderes constituidos, pero sólo hay uno, el Legislativo, que es constituyente.
Entonces, ¿cómo se puede justificar la oposición del Poder Judicial al nuevo texto constitucional, siendo que su obligación es guardar y hacer guardar la Constitución y vigilar que las normas que de ella emanen se apeguen al espíritu y la letra de la Ley Suprema?
¿Cómo es posible que se hayan admitido amparos contra la reforma judicial siendo que, según la propia Ley de Amparo, las normas constitucionales son inatacables y que no existe competencia por parte de jueces, magistrados y ministros para invalidarla? ¿En qué cabeza cabe que una reforma constitucional pueda declararse inconstitucional?
Bien pueden llenar los espacios informativos, físicos y virtuales, con sus alegatos, parloteo legaloide, cháchara pseudotécnica, demagogia retorcida y confusa por enana y mentirosa, pero la gente común, el simple ciudadano, sabe que la lucha por la reforma judicial, así como otras en curso, solamente pretenden rescatar al país de la demagogia entreguista de los regímenes neoliberales que depredaron al país y profundizaron su dependencia.
¿Cómo explicar que un juez defienda los intereses de empresas transnacionales alegando problemas de competitividad, de libertad comercial, de buena imagen e México ante el capital extranjero, y arrincone o margine a las empresas estatales nacionales, o que proteja evasores de impuestos? ¿Para estos jueces y magistrados es de mayor interés Iberdrola o Chevron que la CFE o Pemex?
Debe ser un grave problema de percepción el afirmar que se defiende al país poniendo por encima de nuestro interés el de las empresas extranjeras y sus gobiernos, algunos de ellos marcados históricamente como saqueadores de los recursos naturales de otros pueblos, instigadores de golpes de Estado, de inestabilidad política y social de quienes se ponen en el foco de sus ambiciones militares y comerciales.
Todo este jaloneo respecto al protagonismo de la SCJN en materias que no le corresponden sólo puede tener la explicación del interés desestabilizador del capital internacional, más concretamente el de EEUU, seguido de Canadá y socios europeos, actuales parásitos privilegiados del espacio económico de México.
Parece que la moderna piratería internacional pasa por los estrados judiciales y sus armas son las andanadas de procedimientos legales, la amenaza política y militar en forma de mecanismos de cooperación o coordinación, como es el caso de los famosos comandos norte y sur que atrapan a nuestras fuerzas armadas en ejercicios estúpidos que vulneran las soberanías de los países de la región al sumarlos al mando de los gringos.
Si México y los países latinoamericanos no deciden emanciparse del dólar y la Doctrina Monroe, seguirán dándose absurdos como los que ahora vemos con el Poder Judicial, queriendo asumir funciones que no le corresponden en clara ruptura de la división de poderes y, por tanto, del orden constitucional.
A partir de sus constantes desatinos “legales”, como el autoengaño final de creer que la SCJN por mayoría de votos puede impugnar una reforma constitucional, se añade la sospecha de una formación profesional inconsistente con la que pudiéramos suponer en un juez, magistrado o ministro, independientemente de los títulos que ostenten.
Después de todo, la corrupción neoliberal y apátrida se cuela por las escuelas y universidades y, en consecuencia, se hace presente en los colegios, las barras y asociaciones de abogados.
Otra posible interpretación es que están podridos hasta el hueso, y que en su miseria moral no reconocen más luz que el dinero y las prerrogativas del cargo que aún ostentan.
