Hermosillo, Sonora.- La fiscalía de Sonora Salas continúa con la investigación de un caso de fraude millonario, que hasta el momento afecta a al menos 28 personas, quienes fueron engañadas por un hombre que les prometió gestionar jubilaciones superiores a las que establece la ley. Pese a recibir pagos anticipados por cantidades significativas, el acusado no cumplió con las promesas, lo que ha generado un daño patrimonial cercano a los 8 millones de pesos.
El acusado, originario de Hermosillo, fue detenido el fin de semana tras un operativo llevado a cabo por las autoridades locales.
“El hombre había eludido su localización durante varias semanas, utilizando diversos métodos para encontrarse con sus víctimas en lugares como restaurantes y un despacho de abogados, sin que su residencia fuera conocida, incluso en su ciudad natal”, comentó Rómulo Salas.
Tras la detención, se cumplimentó una orden de aprehensión y el acusado fue llevado a la primera audiencia, que duró aproximadamente 14 horas. En esta audiencia, el juez resolvió que el imputado debía permanecer en prisión, debido al riesgo de que pudiera evadir la justicia
“La vinculación formal al proceso aún no se ha resuelto, ya que el imputado solicitó una ampliación del término legal. En las próximas horas, se llevará a cabo una nueva audiencia en la que se determinará si se le vincula formalmente al proceso penal”, aseguró el fiscal.
Gustavo Rómulo ha señalado que, debido a la difusión pública del caso, es probable que aparezcan más personas afectadas por el mismo modus operandi. De acuerdo con las autoridades, el imputado había engañado a varias personas en su promesa de obtener jubilaciones “fuera de lo común”, a cambio de pagos por adelantado. Se sospecha que otras víctimas, temerosas o por desconocimiento, no habían presentado denuncias hasta ahora.
Hasta el momento, la investigación ha reunido más de 200 pruebas documentales que sustentan la acusación contra el detenido. Además, las autoridades están trabajando en la localización de bienes y cuentas bancarias del acusado con el objetivo de asegurar el patrimonio y garantizar la reparación del daño a las víctimas, quienes en muchos casos perdieron sus ahorros o incluso vendieron propiedades para poder hacer frente a los pagos solicitados por el acusado.
El fiscal indicó que el proceso de investigación sigue abierto y que, a medida que se avance, se podrá determinar si el número de víctimas es mayor.
