Es un problema bastante conocido pero poco reconocido. El sistema de impartición de justicia es corrupto y esto ha sido uno de los principales motivos por los que México no se ha desarrollado. Ahí la justicia se ha administrado con criterio político, no jurídico. Su autonomía e independencia has sido una mera simulación. Los casos de Ayotzinapa y una larga lista de casos politizados así lo demuestran. También se aprecia en la impunidad de muchos exfuncionarios y del crimen organizado, tanto que hay más presos de este tipo en EU que en México.
Pero el sistema de justicia no es solo el Poder Judicial de la Federación, también incluye como piezas claves e importantes, a la Fiscalía y a los Ministerios Públicos, e incluso al sistema penitenciario.
Y sin embargo, a pesar de lo necesaria que es, la reforma actual al poder judicial no termina de convencer y su ejecución se está imponiendo más con aplanadora que con acuerdos parlamentarios. Entre las razones por las que no convence están las siguientes.
El argumento no tiene lógica
Se insiste en que la reforma tiene el objetivo de eliminar la corrupción en el Poder Judicial. Para alcanzarlo se propone que los jueces sean electos por el pueblo. No está claro ni que la elección de jueces elimine la corrupción, ni de que el que sean resultado de un proceso electoral vaya a resultar en resoluciones expedidas de manera pronta, completa e imparcial (como señala el nuevo artículo 17 constitucional reformado).
En toda la historia de México ha habido elecciones y aun así ha prevalecido la corrupción. Ciertamente en los tiempos del PRI hegemónico, las elecciones eran controladas y sus resultados no eran creíbles y eso propició la corrupción. Pero después cuando hubo elecciones competidas con resultados creíbles, también hubo corrupción. Los principales corruptos y favorecidos por el sistema electoral han sido los partidos. La cura contra la corrupción de un órgano de gobierno no está definitivamente en la elección de sus miembros.
Por otro lado, esta reforma muestra un desprecio por el mérito y una marcada tendencia a gobernar por ocurrencias. Hay la sensación de que con el hecho de cambiar el marco legal o las personas ya se va a mejorar. No convence.
No incluye a todo el sistema de justicia
Por otra parte, la reforma está enfocada exclusivamente en el Poder Judicial Federal. No incluye a la Fiscalía y Ministerios Públicos federales que han sido igual o más corruptos que los tribunales. Sobre todo, no incluye a los sistemas de justicia de los gobiernos estatales en donde también se cuecen habas tanto o más que a nivel federal. Aquí mismo en Sonora, una de las primeras acciones de cada gobernador es modificar la composición de la Suprema Corte de Justicia para ajustarla a sus preferencias.
No podemos esperar un saneamiento del sistema de justicia nacional si no se incluyen a las demás partes del sistema. Ciertamente, la estrategia puede ser que se comience desde arriba, pero eso debería de tocar también a la Fiscalía a la cual no se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa. No convence entonces una reforma parcial a un solo órgano.
Inhibe la inversión privada
La advertencia ya está cantada. Todos los sectores y niveles de la iniciativa privada han expresado que esta reforma no les da confianza y no promueve que haya más inversión. Eso lo han señalado desde la Coparmex local hasta los embajadores de EU y Canadá.
Esta advertencia es muy seria y puede tener graves repercusiones. Ya hay indicios de que, a pesar del entorno internacional favorable, la inversión no está fluyendo. Sorprende que en la reunión con los CEO de empresas estadounidenses, la Presidenta anunció como el gran logro una cuantiosa inversión en Puerto Libertad que ya se ha venido anunciando desde hace años y no termina de concretarse. Tampoco se aprecia que estén fluyendo las inversiones para aprovechar la oferta de energía eléctrica renovable de la planta fotovoltáica de Puerto Peñasco. Lo dicho, la reforma no convence.
