Las madres y padres de Ayotzinapa que se reunieron en 30 ocasiones con Andrés Manuel López Obrador, el 27 de agosto pusieron punto final a los encuentros. No volverán a reunirse con el presidente con quien “terminaron mal”.
La primera etapa de esos encuentros inició en diciembre de 2018 y terminó en el verano de 2022. Las reuniones presenciales eran constantes y él mencionó el asunto en 503 ocasiones durante las mañaneras. Para el presidente los 43 eran “una espina clavada” en el corazón, también un motivo de enojo con Hillary Clinton quien se había atrevido a declarar que “si ella fuera presidenta de México, no descansaría hasta encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa”. Lo vivió como un ultraje.
En el verano de 2022, el presidente ya había cambiado internamente de opinión, pero le llevó tiempo organizar la ruptura. En Ayotzinapa tres instituciones continuaron avanzando: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Subsecretaría de Gobernación encabezada por Alejandro Encinas y la Fiscalía Especial de Omar Gómez Trejo que había logrado 180 órdenes de aprehensión contra 160 civiles y 20 militares.
El viraje en la opinión presidencial fue hacia todas las víctimas y se manifestó en su rechazo a recibir a las colectivas de Buscadoras y a las tres comisiones encargadas de lograr verdad y justicia (Desaparecidos, Guerra Sucia y Ayotzinapa). Con esto último respaldó al ejército que se negó a entregar 866 documentos que tienen que ver con información recabada por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) del centro del país (la sede está en Iguala). El país tiene cinco CERFI, tres manejados por el Ejército y dos por la Marina.
La investigación de la Comisión de Ayotzinapa recuperó varios de esos documentos a las que han bautizado como CERFIS. Contienen intervenciones telefónicas entre criminales y políticos o funcionarios. La negativa del ejército a entregarlos y el respaldo del presidente a ella, permite hacer varias preguntas que también se apoyan en la publicación que se ha logrado hacer de algunos de estos documentos: ¿el Estado conocía a detalle cómo funcionaba el pacto de impunidad en Guerrero? ¿No quería ni quiere que sepamos sobre él? ¿Quiso o no desmantelar las redes de complicidad y no pudo? ¿Fue una imposición del ejército? Sea lo que sea, las víctimas pasaron a segundo término, lo cual confirma la validez de la consigna aparecida en la marcha del 22 de octubre de 2014: “Fue el Estado”.
La nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, heredará Ayotzinapa y el pacto de impunidad. Añado un matiz: el viraje del presidente no tiene el consenso de toda la 4T. Alejandro Encinas, por ejemplo, escribió en su columna de El Universal del 12 de marzo de 2024 que debía atenderse “el reclamo de los padres y madres respecto a la entrega de 866 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala”.
Con la nueva presidenta empieza Ayotzinapa tres. 36 de las 43 familias continúan unidas exigiendo verdad y justicia (otras siete han formado un grupo disidente). La mayoría cuentan con el respaldo de una red nacional de apoyos a la Normal Superior de Ayotzinapa, de organizaciones civiles como Tlachinollan y el Centro ProDHy de la simpatía de la comunidad internacional y de buena parte de la sociedad mexicana. Imposible regatear solidaridad a las madres y padres de 43 desaparecidos, cuyo dolor expresa la crueldad extrema y el infierno que viven las familias que buscan a los suyos y suyas arrastrando el desdén del actual presidente.
El próximo 26 de septiembre será el décimo aniversario de esa tragedia. Hay que ir a esa marcha que tal vez sea la última de un sexenio marcado por la incapacidad y falta de voluntad para atender a las víctimas. Se les olvidó que somos un país de víctimas.
Es urgente saber qué sucedió con esos 43 estudiantes porque el conocimiento es indispensable para contener a las organizaciones criminales. Cierro este texto expresando una coincidencia con el Pablo Gómez Álvarez de 2015. El informe que publicó en mayo de ese año para el PRD cerraba con una frase lapidaria: Ayotzinapa es un ejemplo claro de “la captura del Estado por parte de la delincuencia organizada”. Pues sí, pero se les olvidó. Esperemos que en Ayotzinapa 3 demuestren que las víctimas van primero.
Colaboraron Sebastián Rodríguez y Vianey Gutiérrez
