Con la llegada del último trimestre de 2024, comienza el proceso para ajustar el salario mínimo en México para el próximo año. Según lo establece la Ley Federal del Trabajo (LFT), la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), integrada por representantes del gobierno, empleadores y trabajadores, es la encargada de determinar el monto del aumento.
El salario mínimo general en el país hasta el momento es de 248.93 pesos por jornada diaria, luego de un incremento del 20% que se aplicó para este año. Este ajuste continúa con la tendencia de aumentos significativos que se han registrado desde 2018.
El proceso para definir el nuevo salario mínimo sigue una serie de plazos importantes. A finales de noviembre es la fecha límite para que tanto los representantes patronales como los trabajadores presenten estudios sobre el salario mínimo.
La Conasami entrega un informe donde además considera el comportamiento de los precios y su impacto en el poder adquisitivo, así como los datos más relevantes de la economía nacional.
A finales de diciembre, la Conasami debe presentar la resolución final sobre el aumento que se aplicará al salario mínimo para el próximo año. El primero de enero, el nuevo salario entra en vigor, y todas las empresas están obligadas a cumplir con este monto.
El año pasado, la Conasami logró un acuerdo el 1 de diciembre, lo que resultó en un aumento del 20% en el salario mínimo, beneficiando a 8.9 millones de trabajadores, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Además, los estudios realizados indican que estos aumentos no han generado un impacto negativo en la inflación y han contribuido a reducir la brecha salarial de género en un 25% desde 2019.
Entre 2018 y 2022, la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo permitió que 4.1 millones de personas salieran de la pobreza, de acuerdo con la STPS.
Esto ha permitido que México se posicione como la séptima economía de Latinoamérica con el salario mínimo más alto, avanzando desde el puesto 16 en 2020.
La política de recuperación salarial ha sido reconocida por la OCDE, que en su informe de Perspectivas de Empleo 2024, destacó que México aumentó su salario mínimo en un 86.6% en términos reales durante cinco años, superando 6.7 veces el promedio de los países miembros de la organización.
Se espera que los incrementos de dos dígitos continúen en los próximos años. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha manifestado su intención de mantener la política de recuperación salarial.
Aunque aún no se han definido cifras exactas para el próximo año, Sheinbaum ha señalado que se necesitará un aumento anual del 11% en los próximos seis años para alcanzar la meta establecida. Su plan incluye que, para 2026, el salario mínimo sea equivalente al doble de la línea de pobreza por ingresos urbanos, y que para 2030 alcance 2.5 veces ese valor.
Los aumentos históricos en el salario mínimo en México están estrechamente vinculados a la política salarial del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cual ha buscado recuperar el poder adquisitivo que se había deteriorado en años anteriores debido a incrementos salariales que no compensaban la inflación. Esta política ha sido complementada por factores como la desindexación del salario mínimo de ciertos pagos obligatorios en 2016, la implementación del Monto Independiente de Recuperación (MIR) como componente para los aumentos salariales, y los compromisos adquiridos en el marco del T-MEC, que han presionado para mejorar los salarios.
En México existen dos tipos de salario mínimo: el general, que es de 248.93 pesos por jornada diaria, y el de la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), que asciende a 374.89 pesos diarios. La ZLFN es un programa lanzado en 2019 para fomentar el desarrollo en 45 municipios fronterizos, mediante incentivos fiscales y un aumento al doble del salario mínimo.
Además del salario mínimo general, también existen salarios mínimos profesionales, los cuales se aplican a 61 actividades específicas y buscan proteger a los trabajadores que desempeñan estos oficios, ya que suelen tener menos capacidad de negociación salarial y, por lo tanto, son más vulnerables en cuanto a sus ingresos.
Información de El Financiero
