Esta semana se terminará de confirmar que el actual presidente tampoco le cumplió a las víctimas.
El 14 de septiembre de 2018 en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) de la UNAM, Andrés Manuel López Obrador se comprometió —ante un auditorio repleto de enardecidos familiares de víctimas— a construir una política de Estado basada en la justicia transicional que tendría dos comisiones de verdad y justicia. Al final terminaron siendo tres: una para Ayotzinapa (2018), otra para las y los desaparecidos (2019) y una tercera para la Guerra Sucia (2021). En textos anteriores comenté sobre el fracaso de las dos primeras; me centro en la de la Guerra Sucia.
El 10 de diciembre de 2021 se instaló el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. Con ello, el presidente se comprometió a “permitir que se tenga acceso a todos los archivos de todas las dependencias” y aseguró que no habría “impunidad para nadie”. Cinco personajes de la sociedad civil y la academia asumieron la tarea de reconstruir la historia de la represión estatal y la resistencia social sucedidas entre 1965 y 1990. Nueve meses después, la académica Aleida García Aguirre renunció inconforme.
Permanecieron Eugenia Allier Montaño (UNAM), Abel Barrera (Tlachinollan, OSC de Guerrero), David Fernández (jesuita ligado al ProDH) y Carlos Pérez Ricart (CIDE). Trabajaron gratuitamente, pero, como corresponde a una comisión de la verdad seria, exigieron autonomía para la investigación.
Al actual presidente le desagradan los actores independientes y las relaciones se fueron agriando. El punto de quiebre se dio el 22 de junio de 2022. En un acto en el Campo Militar Número 1 chocaron los relatos de las víctimas y del general secretario. El presidente respaldó públicamente la versión militar. A partir de ese momento crecieron las trabas a la entrega de documentos solicitados por los cuatro comisionados que reaccionaron señalando públicamente a la Sedena, el Centro Nacional de Inteligencia y el Archivo General de la Nación. El presidente evadió el problema.
Esta semana se consuma el desencuentro. El evento oficial ya no se realizará en Palacio Nacional sino en la Secretaría de Gobernación el jueves 15. Será privado y sin la presencia del presidente o de la titular de Gobernación. No habrá prensa ni transmisión en vivo.
Al día siguiente Abel Barrera, David Fernández y Carlos Pérez Ricart presentarán el estudio Fue el Estado 1965-1990. Es una obra monumental repleta de información que completará, corregirá y matizará nuestra comprensión de ese período. Será un acto público que se transmitirá por internet y al cual están invitados medios de comunicación. Se realizará en el CCUT, en el mismo lugar donde hace seis años el presidente se comprometió con una agenda de justicia transicional que abandonó sin explicar por qué. Otro informe lo presentará la comisionada Eugenia Allier posteriormente.
Las tres comisiones de la verdad creadas por este gobierno terminaron mal. En perspectiva, López Obrador terminó repitiendo el mismo guion seguido por otros presidentes. Vicente Fox, por ejemplo, creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) pero repudió el informe escrito que conocimos porque se filtró a la prensa. En el haber del panista está la entrega al Archivo General de la Nación del acervo de la Dirección Federal de Seguridad. En otras palabras, concedió una amnistía de facto a los represores, pero transparentó una parte de la información.
Eso mismo pasó con las otras dos comisiones de la verdad creadas en este sexenio. No hubo justicia, pero sí entrega de una buena cantidad de información que las víctimas y los activistas, periodistas y académicos están utilizando para seguir completando el rompecabezas de la represión estatal y la resistencia social. El presidente falló, la sociedad cumplió.
En unas semanas empezará un nuevo sexenio. La nueva presidenta tendrá a su disposición una reconstrucción coherente sobre las deudas que sigue teniendo el Estado empeñado en sostener la impunidad para los perpetradores. También heredará a los familiares de las 235,722 personas asesinadas o desaparecidas durante este sexenio. Si le sumamos los 639,418 acumulados de sexenios previos hay un total de 875,140 tragedias heredadas. No sorprenderá que la sociedad siga exigiendo verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición.
Colaboró Erick Morales
