La narcopolítica expuesta por el caso del capo El Mayo Zambada nos obliga a repensar a todos sobre el riesgo de abrir los juzgados, las magistraturas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la elección popular de sus representantes y comenzar el debate con inmediatez sobre la urgencia de frenar esa posibilidad de una vez por todas.
En los últimos días, pero sobre todo este fin de semana, conocimos, como nunca, la facilidad con que el crimen organizado ocupa posiciones estrategias en los poderes Ejecutivo y Legislativo: el jefe del Cartel de Sinaloa reveló la relación con Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa; su amistad con el ejecutado Melesio Cuén, dirigente del Partido Auténtico de Sinaloa y diputado federal electo por el PRI-PAN-PRD, pero sobre todo su mediación e influencia entre la clase política de la entidad.
¿Qué nos hace pensar que los representantes de los carteles criminales no van a entregar recursos y con la mano en la cintura conseguir apoyo político para poner candidatos que se queden con el Poder Judicial?
De hecho, El Mayo Zambada, el capo de capos mexicano, había dado ese paso en lo judicial desde hace mucho tiempo y no hay forma de desmentirlo, quien intente hacerlo es porque sus intereses están a favor del lado incorrecto del sistema político nacional, porque hasta el presidente de la República tuvo que reconocer la protección institucional que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa brindaba a El Mayo Zambada. Sin embargo, por obvias razones rechazó saberlo.
José Rosario Heras, comandante de la Policía de Investigación de la Fiscalía, era el encargado de la seguridad de El Mayo, detenido en el Paso Texas, el pasado 25 de julio. Sin embargo, Heras está desaparecido desde ese mismo día en que al narcotraficante supuestamente le tendieron una trampa para sacarlo del país y no hay ningún indicio sobre su paradero.
El proyecto de reforma Judicial que impulsan el presidente López Obrador y en unísono todos los legisladores de Morena y sus aliados, no solo representa un riesgo porque no garantiza la profesionalización, imparcialidad, independencia que deben de tener los impartidores de justicia pues la historia de Zambada nos hace ver la vulnerabilidad de la clase política y la impartición de justicia para que cualquier gobernador o representante judicial esté a merced del crimen, por lo que abrir candidatura para jueces, magistrados y ministros es peligroso.
Estamos ante uno de los mayores riesgos de la democracia y no puede minimizarse independientemente de la ideología o colores políticos que se defiendan.
UPPERCUT: Pablo Lemus será el gobernador de Jalisco, ratificó el Tribunal Electoral de la entidad al señalar que no hubo irregularidades graves en el proceso del 2 de junio que obliguen a repetir la elección. ¿Pero qué pasa del otro lado? En el equipo de Claudia Delgadillo ya esperaban ese resultado al asegurar que los magistrados locales son de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano, por lo que van a elevar el caso al Tribunal Electoral federal.
POR ALEJANDRO SÁNCHEZ
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