En las mañaneras del viernes 26 y el lunes 29 de julio, el presidente y su secretaria de seguridad dieron su versión sobre la detención, secuestro o entrega de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López. Analizo lo dicho a partir de la ausencia notable de los cuatro grandes servicios de inteligencia federales.
El viernes 26 llegaron mal preparados. Rosa Icela Rodríguez –secretaria de seguridad desde noviembre de 2020– ha presentado en ese mismo espacio 75 informes de seguridad nacionales. Lo habitual es que ella exponga y el presidente responda e interprete las preguntas de los periodistas. El viernes, sin embargo, se alteró el guion porque Andrés Manuel López Obrador la dejó exponer y responder. La secretaria se enredó y cayó en titubeos e imprecisiones, incomprensibles en una funcionaria de ese nivel.
El fallo más escandaloso fue el embrollo de las dos aeronaves. La secretaria aseguró –secundada por el presidente– que se habían llevado a los sinaloenses en una avioneta Cessna 205 de una sola hélice que había despegado de Hermosillo, Sonora y ofreció, como ofrenda a periodistas y youtuberos, el nombre del piloto poniendo en peligro su vida.
Medios internacionales y nacionales han afirmado que el avión con los sinaloenses que aterrizó cerca de El Paso, Texas, era un bimotor; pero hasta ahora la FGR y la SRE han dicho que siguen investigando para determinar de qué aeropuerto mexicano despegó la nave y sus características. La secretaria tampoco supo si Joaquín Guzmán tenía órdenes de aprehensión o si México solicitará a Estados Unidos la extradición del “Mayo” Zambada a quien los jueces obsequiaron cuatro arrestos.
La principal defensa fue reconocer su ignorancia: “México no participó en esta detención o entrega” y toda la información que entregaron venía de Estados Unidos. El lunes pasó lo mismo: leyeron una explicación excesivamente general del gobierno de Estados Unidos.
Inevitable preguntarse sobre los cuatro servicios de inteligencia mexicanos. Dos civiles, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y, dentro de la Fiscalía General de la República, seis fiscalías y dos unidades especializadas en delincuencia organizada. Dos militares, el Sistema de Inteligencia Militar (SIM) en la SEDENA y la Unidad de Inteligencia Naval (UIN) en la SEMAR.
Todas ellas dependencias con presencia en todo el territorio y enormes recursos. Por las cuentas públicas sabemos que en este sexenio el CNI ha recibido 17,072 millones de pesos (mdp) y la UIN 5,431 mdp. No detallan cuánto gastó la SEDENA, una dependencia que, solo en este sexenio, ha recibido 936,411 mdp (cantidades en pesos constantes con año base 2022). Ignoramos, por tanto, lo asignado al espionaje de ciudadanos y funcionarios. Debe ser bastante.
En 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera informó que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el Estado pagó 5 mil 900 millones solo por el sistema de espionaje telefónico Pegasus y, según diversos informes periodísticos, a lo largo de este sexenio han seguido utilizándolo.
Por otro lado, la secretaria informó el viernes que el gobierno monitorea 7,500 objetivos prioritarios, entre los cuales –supongo– están Zambada y Guzmán. ¿Por qué entonces los servicios de inteligencia no prepararon bien al presidente y a la secretaria? ¿O acaso sí informaron, pero fueron ignorados? No lo sabemos ni lo sabremos porque el Legislativo no hace su trabajo. El Congreso de la Unión tiene 16 comisiones dedicadas a la seguridad, pero ninguna supervisa o vigila… con dificultades sesionan.
Los huecos de información gubernamental sobre este y otros temas relevantes los llenan los medios, los analistas y las redes sociales que a cambio reciben regaños gubernamentales por sus supuestos errores en datos o juicios. Condenas farisaicas porque quienes gobiernan escamotean información precisa y verificable. El caso del “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López lo demuestra.
La presidenta electa ya anunció una reestructuración de las dependencias federales, incluida el área de seguridad. El caso aquí discutido es un compendio de las grandes fallas en la estrategia de contención criminal y protección ciudadana: dependencia excesiva de los Estados Unidos, un peso enorme del presidente, nula presencia de los servicios de inteligencia y ausencia crónica del Legislativo.
Colaboró Erick Morales
