Los cárteles han crecido por la protección que reciben de una parte de la élite política. En lugar de reconocerla y combatirla, los gobiernos evaden la alta corrupción.
Tomo un ejemplo reciente. El viernes 19 de julio a las 5 am, ProPublica subió a su portal dos textos de Tim Golden, periodista de investigación con una larga experiencia en el tema de esta columna. En ellos, Golden regresa a un tema abordado en enero pasado: el supuesto vínculo del presidente López Obrador con el cártel de los Beltrán Leyva. Horas después, el presidente desdeñó y minimizó las investigaciones tachándolas de “refrito” y “calumnias”.
Es cierto que Golden repite información, pero hay giros novedosos que lo llevan a sugerir que en 2010 la DEA quiso incriminar a Andrés Manuel López Obrador, pero la agencia antinarcóticos nunca pudo comprobar que el actual presidente supo o aprobó los recursos entregados a integrantes de su equipo.
Eso tiene implicaciones sobre esta historia. Por ejemplo, Anabel Hernández afirma en La historia secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa que Sergio Villarreal, “El Grande” –lugarteniente de los Beltrán Leyva-, entregó personalmente a AMLO medio millón de dólares para financiar su campaña por la presidencia de la República en 2006. Según los documentos de la DEA revisados por Golden, la agencia ni lo desmiente ni lo confirma pese a que sus agentes entrevistaron largamente a “El Grande”.
Al mismo tiempo, Golden presenta nueva evidencia documental sobre el presunto involucramiento de varios integrantes del equipo de la campaña de AMLO de 2006. Nicolás Mollinedo y Mauricio Soto, entre otros, sí mantuvieron contacto con el cártel de los Beltrán Leyva y sí recibieron dinero de él. Abundan señalamientos sobre otros políticos; lo normal es que sean ignorados por el gobierno.
Hay un punto oscuro en estos relatos: ¿por qué la DEA y otras dependencias inician, profundizan o abandonan las investigaciones sobre la protección que altos funcionarios dan a criminales? Al respecto conversé telefónicamente con Tim Golden, quien considera que un factor determinante es la actitud de la Casa Blanca, lo que lleva a comparar las políticas hacia México de Donald Trump y Joe Biden.
Si se compara el trato dado a los juicios contra García Luna, el Chapo y Cienfuegos, el Departamento de Justicia de Trump dejó la impresión de que puso un gran empeño en combatir la alta corrupción. Con Biden se desinfló el entusiasmo en la investigación y persecución de altos funcionarios. Si Trump gana las elecciones ¿se endurecerá la política de seguridad hacia México?
En tanto esperamos el devenir posterior a los comicios, subrayo un hecho constatable: ni el gobierno de Estados Unidos ni el de México han ofrecido estimaciones públicas sobre el poder criminal. Carecemos de una opinión ilustrada sobre sus ingresos anuales, sobre el número de sus sicarios o sobre los territorios que controlan. Cuando algún funcionario da estimaciones globales, éstas vienen sin la metodología que valide las cifras.
En julio de 2023 la administradora de la DEA, Anne Milgram, afirmó en público que los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación tenían 26 mil y 18 mil 800 asociados alrededor del mundo. El presidente mexicano le preguntó “¿qué pruebas tienen?” y dijo que su gobierno pediría esa información. Si la recibió no la compartió y tampoco está claro si los dos gobiernos tienen una visión compartida e integral del tamaño de la amenaza.
La existencia de esos huecos en el conocimiento ha llevado a un incremento exponencial de los estudios independientes sobre el fenómeno de la violencia criminal. La escuela mexicana de violentología ha llegado a niveles muy altos. Lo que no ha cambiado es la renuencia de quienes gobiernan a tomar en cuenta esa información para mejorar su comprensión de la alta corrupción.
Un antecedente lo ofrece el papel jugado por Eduardo Valle, “El Búho”, asesor de Jorge Carpizo cuando éste fue procurador entre 1993 y 1994. En parte gracias a ese cargo, pudo dar a conocer el nacimiento del Cártel del Golfo y publicar un libro donde calificó al sistema político mexicano de “narco-democracia” y criticaba el papel del expresidente Carlos Salinas que reaccionó descalificando al autor y su obra como “acusaciones sin pruebas”.
Antes y ahora la evasión gubernamental alimenta la alta corrupción.
Colaboró Sebastián Rodríguez
