La elección presidencial del 2 de junio estaba decidida con meses de anticipación, según lo anticipaban casi todas las encuestas de preferencias electorales; lo que no estaba previsto es que Claudia Sheinbaum ganara en 2024 con una ventaja mayor a la obtenida por Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2018.
“Hasta a mí me cepilló”, dijo el presidente en la semana, con una mezcla de sorpresa, admiración hacia su heredera y sorna hacia los opositores.
El triunfo de la primera mujer que será presidenta de México fue inobjetable, descolocó a la oposición (que aún se sigue preguntando qué pasó) y está marcado por todo tipo de símbolos y significados.
Uno de los más importantes es que el arribo de Claudia Sheinbaum -y de miles de mujeres más- a cargos públicos, como fruto de una sola jornada electoral, implica un quiebre estructural en el sistema político emanado de la Revolución Mexicana, que fue fundado y diseñado por hombres, y que durante décadas fue dominado y recreado casi exclusivamente por varones, con una visión patriarcal y machista.
Además de Sheinbaum, llegarán al poder en los próximos meses una nueva jefa de Gobierno de la Ciudad de México y tres gobernadoras en estados donde siempre había habido hombres al frente: Morelos, Guanajuato y Veracruz.
Cuando se concreten las tomas de protesta, en el nuevo mapa político nacional habrá 13 entidades gobernadas por mujeres, y no nueve, como ocurre actualmente.
Otros cientos de mujeres llegarán a los Congresos locales, alcaldías y ayuntamientos en todos los estados del país, y habrá al menos 250 diputadas federales y 64 senadoras en la próxima Legislatura que se instala el 1º de septiembre.
Las reformas de paridad sustantiva, aprobadas en 2019, habrán rendido frutos indiscutibles, y México será la economía más grande del mundo gobernada por una mujer presidenta.
Desafíos de este mandato
Claudia Sheinbaum ha recibido un respaldo popular mayúsculo y un mandato claro: continuar con la llamada “cuarta transformación”, pues es innegable que su triunfo estuvo respaldado por la popularidad de un presidente que llegó a su elección con alrededor del 70 por ciento de aprobación ciudadana, quien -además- se encargó de estar presente permanentemente en el proceso electoral.
De hecho, tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum plantearon el 2 de junio como un referéndum en torno al rumbo que ha tomado el país desde 2018. “Que continúe la transformación o regrese la corrupción”, decía Sheinbaum en todos sus discursos.
Pero, aún ganado el “referéndum”, Sheinbaum ha comenzado a enfrentar problemas emanados de la súper mayoría con la que ganaron las fuerzas políticas que la postularon.
La ganadora de las elecciones será declarada presidenta electa hasta el mes de agosto, cuando el Tribunal Electoral califique y declare la validez de los comicios, pero su próximo mandato enfrenta desde hoy un primer desafío que, en esta semana, ya le ha causado problemas: el famoso “Plan C” de López Obrador.
El “plan C” es un paquete de 18 iniciativas de reforma constitucional que presentó López Obrador al Congreso el pasado 5 de febrero, cuyo proceso legislativo se puso en marcha en el último periodo ordinario de la Legislatura saliente y que hoy laten -como una bomba de tiempo- en la incipiente transición.
Entre esas reformas se propone la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial; una reforma electoral que trastoca el funcionamiento del INE; la eliminación de la representación proporcional (lo que acabaría con la pluralidad), y la desaparición de organismos autónomos como el INAI, garante del derecho ciudadano al acceso a la información.
Para visualizar tan solo uno de los impactos del “Plan C”, pongo un ejemplo: si las elecciones del 2 de junio se hubieran jugado con las reglas propuestas por López Obrador respecto a la eliminación de las plurinominales, Morena y sus aliados hubieran ganado 257 diputaciones federales; es decir, más del 80 % de las 300 que constituirían la Cámara de Diputados, y se hubiera llevado 60 (93 %) de los 64 escaños en el Senado.
El contenido de dichas reformas es considerado tóxico por la oposición, por muchos especialistas y, por lo visto en estos días, también por los mercados. La sola posibilidad de que el oficialismo tenga mayoría calificada afectó el tipo de cambio y el Índice de Precios y Cotizaciones al día siguiente de los comicios.
Días después, cuando los legisladores de Morena salieron a advertir que el “plan C” va en septiembre, el dólar se disparó a más de 18 pesos.
Ante el nerviosismo, han sido notorios los esfuerzos de la doctora Claudia Sheinbaum por tranquilizar a los mercados. Confirmó la intención de ratificar a Rogelio Ramírez de la O. en la Secretaría de Hacienda, le pidió difundir un mensaje y difundió una foto en una reunión con él. Luego nombró a alguien tan moderado como el exrector Juan Ramón de la Fuente coordinador del equipo de transición. Y, finalmente, tuvo que salir a declarar que las reformas se van a dialogar e incluso someter a Parlamento abierto.
Esas son buenas noticias, pero la mala es que todo parece indicar que a López Obrador sí le corre prisa para que su plan C se apruebe, o al menos avance, en septiembre, cuando se instale la nueva Legislatura y a él le queden aún 30 días en el poder.
El presidente no parece dispuesto a hacerse a un lado para que la presidenta electa brille con luz propia, actúe libremente y decida, entre otras cosas, la agenda legislativa de su primer año de gobierno.
En los próximos meses viviremos una transición intensa: López Obrador hará su gira de despedida; las autoridades electorales resolverán juicios de impugnación y emitirán constancias de mayoría; se instalará un nuevo Congreso y todos los partidos políticos harán sus balances y ajustes internos. Cambiarán nueve gubernaturas y se renovarán los poderes municipales en casi todo el país. La primera presidenta de México integrará su gabinete y comenzará a tomar los hilos del enorme poder que le ha otorgado el electorado.
Paradójicamente, su primer problema no lo está generando la oposición -disminuida a una mínima expresión-, sino el presidente que la impulsó para llegar al poder y sus propios compañeros de partido y coalición, que le han advertido que debe cumplir el mandato que les otorgó “el pueblo” con más de 35.8 millones de votos.
