Por: Ernesto Núñez Albarrán y Animal Político
El asesinato de aspirantes a cargos de elección popular es sólo una cara (la más visible) de la violencia política-criminal, pero no es la única; el asedio del crimen organizado repercute en la integridad del proceso electoral, en la sustitución de funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, en la participación ciudadana y en la competencia política.
El estudio “Democracia vulnerada: el crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México” concluye que la violencia político-criminal en México no sólo afecta a partidos y aspirantes -los directamente involucrados en el proceso electoral- sino que tiene afectaciones reales sobre la participación política de las personas, vulnerando su derecho fundamental a la democracia.
Más aún, con el detrimento de la participación ciudadana en las elecciones, se afianza el vínculo entre crimen y autoridades”, señala el estudio que este martes fue presentado como parte del proyecto “Votar entre balas: entendiendo la violencia político-criminal en México”, desarrollado por México Evalúa, Data Cívica y Animal Político.
La investigación coordinada por la especialista Sandra Ley, con bases de datos recopilados por Data Cívica de 2018 a la fecha, indica que el aumento de los ataques a personas candidatas, autoridades electas y funcionarios municipales sugieren que se están afianzando o recreando redes de control sobre la política local, como parte de un fenómeno más amplio de gobernanza criminal.
“En conjunto, estos hallazgos indican que el crimen organizado no solo busca incidir en las elecciones, sino también capturar el aparato estatal. Si bien la violencia político-criminal nos preocupa aún más en época electoral, ésta no para tras la celebración de elecciones. Nuestros análisis muestran que nuestra atención y preocupación por este tipo de ataques deben ir más allá de los procesos electorales”, señala el estudio.
Qué registran las bases de datos
El estudio comienza por definir la violencia político-criminal como “el conjunto de ataques que grupos del crimen organizado ejercen contra actores políticos, para incidir en el control de los procesos electorales, las instituciones y los recursos públicos”.
En ese sentido, las bases de datos de Data Cívica y el Programa de Seguridad de México Evalúa registran seis tipos de agresiones: asesinatos, atentados, amenazas, secuestros, desapariciones y ataques armados que dejaron víctimas letales.
Éstas, contra siete tipos de víctimas: autoridades electas, personas candidatas y militantes de partidos políticos, personas funcionarias de la administración pública, fuerzas de seguridad atacadas de manera directa y no en un enfrentamiento, familiares de los grupos anteriores, personas que ocuparon un cargo público o candidatura y siguen activas políticamente, y ataques armados contra instalaciones gubernamentales o partidistas.
El análisis de datos muestra como principales hallazgos que el 77% de los ataques se registran en el ámbito municipal, lo que confirma el interés del crimen organizado a nivel local, “ya que es ahí donde construye el control territorial”.
Una cuarta parte de las víctimas son del partido Morena, que a partir de 2018 se ha convertido en la fuerza política con mayor éxito electoral en casi todo el país. Pero el 40% eran del PRI, PAN o PRD, partidos que desde 2021 participan coaligados en casi todos los procesos electorales federales y locales.
Por tipo de ataque, se concluye que ocho de cada diez agresiones son letales: 60%, asesinaros directos y 18% ataques armados con víctimas letales.
Según Data Cívica, la violencia política-criminal ha tocado 581 municipios (más del 25% del total), en los que vive el 60% de la población mexicana.
De los datos, el estudio destaca tres conclusiones respecto al proceso electoral en sí mismo: 1. aquellos municipios con un mayor número de ataques a personas candidatas y activistas de partidos tienen también un mayor porcentaje de sustituciones de personas funcionarias de casilla el día de la elección. 2. Los municipios con más ataques contra actores políticos exhiben menores niveles de participación electoral y 3. Más allá del día de la elección, mediante un análisis del periodo 2018-2022, identificamos también que los ataques al conjunto de la función pública municipal (regidores, alcaldes, síndicos, gobernadores y diputados locales) están asociados con aumentos en la tasa de homicidio en el año subsecuente.
Qué hacer
El estudio concluye que, en las elecciones de 2024 (donde se renovarán mil 802 ayuntamientos en 30 entidades; 14 mil 764 regidurías, mil 975 sindicaturas y 431 cargos auxiliares municipales) es necesario que se tomen medidas urgentes para la prevención y atención de la violencia político-criminal.
“Desafortunadamente, las autoridades permanecen sin ofrecer un plan de protección para las personas candidatas, mucho menos uno de prevención. El reciente protocolo de seguridad para candidatos, emitido por el Instituto Nacional Electoral, no contempla a la gran mayoría de las víctimas: las y los candidatos municipales. Más aún, a lo largo de tres administraciones, la política de seguridad no ha apostado al fortalecimiento de las instituciones locales, sino que ha priorizado a las fuerzas del orden federal”, se señala.
Las especialistas proponen una serie de acciones de política pública que deberían adoptarse desde el gobierno federal y subnacionales, las autoridades judiciales, los partidos y la autoridad electoral.
- Desarrollar políticas que abonen al fortalecimiento de las administraciones y policías municipales
- Dar puntual seguimiento a la investigación y sanción a estos eventos de violencia político-criminal
- Desde los partidos, es fundamental asumir su responsabilidad en el proceso de postulación de candidaturas, dejando de lado perfiles cuyas trayectorias y vínculos abonan a procesos de violencia, colusión e impunidad
- Desde las autoridades electorales, elaborar planes de prevención y protección para las personas candidatas en las entidades con mayor incidencia conforme a sus propias tendencias: Guerrero, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco y Michoacán. Estos deberían incluir, al menos, medidas de protección viables para las personas que se encuentren en riesgo
- Generar mapas de riesgo electoral a nivel nacional, estatal y municipal, para socializarlos con los partidos políticos, instituciones de seguridad y justicia, sociedad civil y actores relevantes, y así mantener la información actualizada y pública
- Realizar un monitoreo y seguimiento constante de los incidentes de violencia, a cargo y en colaboración por parte de las autoridades relevantes, incluyendo al menos a instituciones electorales, de seguridad y justicia, de los tres niveles y órdenes de gobierno
- Utilizar los datos para identificar tendencias y objetivos de la violencia político-criminal en el país, más allá de los periodos electorales, con el fin de elaborar planes para su prevención
- Desarrollar medidas tanto de comunicación como de seguridad que den certeza a las y los votantes de las garantías para su participación
“Es probable que otros controles económicos y sociales estén en marcha o se produzcan en forma paralela. Atender las raíces del crecimiento rápido y generalizado de ataques de alto perfil debería ser una prioridad para la próxima administración federal del país”, concluyen las investigadoras.
