El rechazo del Instituto Nacional Electoral (INE) a la solicitud de la oposición para suspender las “Mañaneras” del presidente López Obrador, de aquí a las elecciones del próximo 2 de junio, constituye una renuncia de facto del árbitro electoral a su obligación de poner orden en la contienda y garantizar los principios constitucionales de imparcialidad, neutralidad y equidad.
La solicitud no fue una ocurrencia de los partidos que integran la Alianza Fuerza y Corazón por México, sino que se trató de una petición plenamente sustentada, pues incluso ya se había aplicado una medida similar en elecciones estatales anteriores, pero con Lorenzo Córdova al frente del INE.
En el último año, la propia Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha determinado en diversas ocasiones que el presidente López Obrador ha violado la imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, luego de realizar expresiones en las “Mañaneras” que a todas luces quebrantan lo establecido en la Constitución.
El artículo 134, párrafos séptimo y octavo, establece que los servidores públicos, incluido desde luego el presidente, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Además, agrega que la propaganda en cualquier modalidad, en ningún caso implicará la promoción personalizada de un servidor público.
Las “Mañaneras” es una modalidad de propaganda gubernamental en la que se utilizan recursos públicos para su realización y, en ellas, en múltiples ocasiones el presidente a denostado a adversarios políticos, ha criticado a la oposición e incluso ha hecho llamados al voto por Morena y su candidata, a fin de que continúe la 4T y se logre una mayoría calificada para aprobar las reformas constitucionales que ha propuesto.
Esto claramente es una violación flagrante al artículo 134 y justamente ha sustentado las múltiples medidas cautelares tomadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, la cual ha solicitado editar o retirar de internet diversas mañaneras donde el presidente ha hecho este tipo de pronunciamientos.
Además, lo que solicita la oposición no es nada nuevo, ya se realizó en 2019, cuando se ordenó a la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno federal y a concesionarios de radio y televisión de los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla, suspender la difusión integral e ininterrumpida de las conferencias de prensa matutinas del presidente, a fin de no afectar la equidad en las elecciones que vivieron ese año.
Sin embargo, todos estos argumentos de peso no parecen haber tenido relevancia para los integrantes del Consejo General del INE, ahora encabezado por Guadalupe Taddei, quienes rechazaron tomar cartas en el asunto.
Los consejeros argumentaron que existen precedentes del Tribunal Electoral que marcan que debe estudiarse caso por caso de las inconformidades y, además, consideraron que al ser la oposición quien sugiere la medida cautelar a aplicar, entonces en caso de pronunciarse estarían prejuzgando el asunto.
Independientemente de los “flacos” argumentos del INE para evadir su obligación de garantizar la equidad en la contienda, la realidad es que el daño ya está hecho e incluso es irreparable. La elección no es equitativa, la elección presenta desde hace meses una clara intromisión del presidente.
Ante este escenario, los partidos de Fuerza y Corazón por México advirtieron que si el árbitro electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no toman medidas para otorgar piso parejo en la contienda, y de seguir la intromisión presidencial, se convocará a una movilización de la sociedad mexicana en defensa de la democracia y para que haya piso parejo para todos los actores políticos.
Por su parte, la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, señala que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que tome las medidas a las que el INE no le entró y prefirió ser omiso.
Habrá que ver si los magistrados del Tribunal Electoral sí tienen el suficiente valor de aplicar la ley y proteger lo que dice la Constitución, lo que ya se ha hecho en otras ocasiones y con presidentes incluso menos activos que López Obrador durante las campañas electorales.
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