En el marco de los Foros de Diálogo Nacional sobre las Reformas Constitucionales para la Democracia, en donde se discutieron las iniciativas de reforma constitucional enviadas por el Presidente de la República, los comisionados Oscar del Río Serrano y Florentino Castro López, de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), les recordaron a los diputados que Mejoredu se gestó con la reforma educativa de 2019, impulsada por el actual Poder Ejecutivo, en sustitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con el objetivo de coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
Apuntaron que la Mejoredu no está a cargo del diseño ni de la instrumentación de las políticas educativas, lo cual es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública y de las autoridades educativas locales.
Mejoredu tiene la misión de ayudar a que dichas políticas abonen a garantizar una educación de excelencia y equidad, a través de evaluaciones, estudios, indicadores, sugerencias y programas de formación.
Ambos comisionados afirmaron que el trabajo de Mejoredu requiere que mantenga las autonomías que le otorga la Constitución (técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión) para asegurar la objetividad de la información que generan.
De extinguirse a la Mejoredu, se convertiría en una unidad administrativa de la SEP, que sería juez y parte —implementador y evaluador de sus propias políticas— y habría un retroceso de más de 30 años, época en la que no existía institución alguna que velara por el cumplimiento de los criterios y fines de la educación.
No obstante lo anterior, se reconoció la necesidad de fortalecer a la comisión y al sistema si se pretende alcanzar realmente una educación que desarrolle el verdadero potencial de la niñez mexicana.
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Solo faltaría discutirse en el pleno, pero todas las fuerzas políticas de la Comisión de Gobernación del Senado votaron por la improcedencia de las peticiones para desaparecer los poderes en los estados de Guerrero, Guanajuato y Campeche.
O sea, nadie quiso “darse un balazo en el pie” después de que la oposición llevó la propuesta a la Cámara alta frente a los graves hechos de inseguridad y control del crimen en diferentes actividades de la cadena productiva de Guerrero, y luego hicieron lo mismo por Campeche.
Como contragolpe, Morena y sus aliados dijeron: órale va la discusión, pero proponemos lo mismo para Guanajuato.
Total que nadie se atreve a sentar ese precedente, y mientras, los habitantes de esos estados deberán aguantarse y seguir viviendo la inseguridad, las extorsiones, los crímenes y el sometimiento de los grupos de malandros, porque aunque “digan misa” desde la federación los hechos delictivos van en aumento.
Nada más hay que ver cómo les fue a esos estados el fin de semana.
Uppercut: El colectivo Madres Buscadoras de Sonora de Cecilia Flores fue el único que apoyó a Teresa Reyes Sahagún para su llegada al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda, a pesar de su falta de experiencia en materia de desaparición forzada.
El beneficio de la duda se terminó al considerar que este gobierno perdió sensibilidad, porque lejos de fortalecer las tareas se dedicó a desmantelar a la institución.
Era obvio: Teresa Reyes sólo cumple órdenes de Palacio Nacional para “bajar” el perfil de la institución que estaba exhibiendo el nivel del problema de las desapariciones a nivel nacional.
POR ALEJANDRO SÁNCHEZ
COLABORADOR
@ALEXSANCHEZMX
