Hoy comienzan las campañas para las elecciones del 2 de junio. Como un ejercicio de libertad y de inteligencia personal, le propongo que además de inevitablemente atender los anuncios y dichos de los candidatos, también observe el uso del dinero que hacen los partidos y las campañas. Sobre esta base de observación, pregúntese: ¿Es congruente el uso del dinero con los dichos y mensajes de los candidatos? ¿Es austero y honesto el gasto que hacen los partidos políticos y sus candidatos? Con esto podemos defendernos críticamente de la avalancha de mensajes que estamos próximos a recibir.
Cuánto cuestan las campañas
En agosto de 2023, el Instituto Nacional Electoral, basándose en la fórmula definida en la Constitución, destinó un total de 10,444 millones de pesos para la campaña 2024 de los partidos políticos y sus candidatos. Si dividimos esa cantidad entre los 100 millones de electores mexicanos registrados en el padrón electoral, resulta que se gasta 104 pesos por cada elector registrado, vote o no vote.
Y sin embargo, es un hecho conocido y documentado que las campañas cuestan mucho más que eso. Hay tres mecanismos ilegales de financiamiento de campañas: uno es del desvío de recursos públicos; otro son las contribuciones ilegales de particulares; y un tercero (¡Ay Nanita!) es el financiamiento del crimen organizado.
Las vías de los desvíos de gasto público son bastante conocidas: van desde facturas falsas, “aviadores” y empresas fantasmas hasta ahora el desvío de fondos de pensiones y muchas otras triquiñuelas. El financiamiento privado por su parte son inversiones especulativas que buscan recuperarse con buenos rendimientos en los futuros gobiernos, muchos de éstos son en especie o por medio de servicios prestados.
Uno de los primeros casos en documentarse fue precisamente la campaña para gobernador de Tabasco en 1995 en la que compitieron Roberto Madrazo del PRI contra López Obrador del PRD. En aquella ocasión AMLO demostró que Madrazo había gastado muchísimo más que lo que estaba autorizado. Posteriormente se documentaron también los casos de los Amigos de Fox, el Pemexgate y las tarjetas Monex del candidato Peña Nieto. El último caso fue el de las campañas que no fueron campañas del año pasado 2023 en las que los no candidatos cubrieron de mantas y anuncios monumentales el país con la justificación de que las habían pagado ciudadanos independientes sin su consentimiento. ¡Nada nuevo bajo el sol! En el caso de Tabasco no hubo sanción, pero en los posteriores el INE ha establecido sanciones que no son suficientes para inhibir el financiamiento ilegal. Recientemente incluso el INE acaba de sancionar a Morena por gastos no reportados. Pero las sanciones a los partidos por infringir la ley representan una fracción minúscula comparadas con el financiamiento que reciben. En años pasados las multas han equivalido al 3.6% del dinero público otorgado a los partidos.
Reforma pendiente
Es evidente que el financiamiento y el gasto ilegal de las campañas políticas es el mayor problema de la democracia electoral mexicana. Hasta ahora, no han sido suficientes ni el control de la publicidad en medios, ni los mecanismos de fiscalización del INE. Hacen falta nuevas reformas legales y un debate sobre si debe seguir igual el financiamiento público de los partidos y campañas.
Es lamentable que la transformación de AMLO, a pesar de que él haya sido uno de los primeros en denunciarla en 1995, no haya modificado este marco legal. Incluso sus últimas propuestas de reformas constitucionales no tocan el financiamiento de los partidos y solo se concreta a quitarle autonomía al INE.
Veamos si Morena, como partido en el gobierno, es ejemplo de austeridad y honestidad en sus gastos de campaña.
