Con nueve votos a favor y dos en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregar la versión pública de operaciones financieras relacionadas con las contrataciones del software de espionaje Pegasus, al determinar que su divulgación no implica un riesgo o amenaza a la seguridad nacional.
Así lo hizo al resolver los recursos de revisión en materia de seguridad nacional 26/2021 y 27/2021, interpuestos por la Consejería Jurídica de la Presidencia, con la que dicho órgano buscaba echar abajo las resoluciones del 10 de noviembre de 2021 y 17 de noviembre de 2021, emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), por la que también ordenó entregar la versión pública de dichos reportes.
De acuerdo con el ministro Alberto Pérez Dayán, ponente de ambos recursos, del estudio integral de la resolución del Inai se desprende que la información que la Secretaría de Hacienda debe entregar es la relativa a las contrataciones del software Pegasus llevadas a cabo en los años 2014, 2015, 2016 y 2017.
La persona que solicitó dichos documentos lo hizo luego de que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, en conferencia de prensa del 21 de julio de 2021, reconociera la existencia de dichos documentos y que incluso dijera que “hay muchos estados que cuentan con este tipo de sistemas”.
“El Grupo Tech Bull S.A. de C.V. es una empresa con características de fachada constituida por Balam Seguridad Privada S.A. de C.V. Cabe señalar que Grupo Tech Bull contrató durante el año 2014 con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el software Pegasus, el malware Pegasus, para efecto de espionaje telefónico. Este contrato es un contrato de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group, al que terminó transfiriéndose los recursos”, señaló Nieto Castillo.
Gobierno no acreditó riesgo o amenaza por dar información sobre Pegasus
Durante la discusión del asunto, la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que junto con la ministra Lenia Batres votó en contra de ambos proyectos, consideró que sí existían elementos suficientes para justificar la reserva de la información por seguridad nacional, tal y como lo señaló la Consejería Jurídica del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“El motivo de mi disenso deriva de que estamos ante información que se encuentra activamente siendo procesada por las autoridades, planteamiento que el proyecto resuelve esencialmente sobre la base de que el tratamiento de datos por parte de la UIF no es propiamente una investigación, sino un análisis preliminar”, dijo.
Para justificar su postura, la ministra citó el artículo 51, fracción I, de la Ley de Seguridad Nacional que ordena reservar, por motivos de seguridad nacional, información que implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipos útiles a la generación de inteligencia.
“En consecuencia, considero que la postura propuesta conlleva un análisis sesgado de naturaleza de la información limitándola a un cúmulo de datos vinculados con espionaje político o adquisiciones ilícitas sin considerar la amplitud de los matices que con lleva dentro de los cuales, como explique, se encuentra la seguridad nacional”, dijo.
En respuesta, para apoyar su postura a favor, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá recordó que reportes de diversas organizaciones de la sociedad civil y de medios nacionales e internacionales han denunciado desde el 2017 el uso de dicho programa para espiar a personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, investigadores internacionales e incluso a miembros del propio gobierno y a otros actores de la vida pública del país.
“Por lo anterior, el proyecto hace muy bien en reconocer (que) la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población resulta en un caso paradigmático de enorme interés público, pues implica el uso de recursos del estado para vulnerar los derechos humanos de las ciudadanas y los ciudadanos”.
Mientras que la autoridad recurrente, en este caso el Gobierno Federal, “no demostró que la divulgación de la información solicitada represente un riesgo real, un riesgo demostrable, un riesgo identificable en perjuicio significativo a la seguridad nacional”.
Por ello, el Pleno de la Corte determinó que la Secretaría de Hacienda debe entregar los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y los avisos de quienes realizan actividades vulnerables, diagnósticos, así como el sistema de pagos en su versión pública.
Se cae caso Pegasus, pese a que hay al menos 24 operadores del software
El pasado mes de diciembre de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió llevar a juicio a la única persona implicada por el uso ilegal del software espía Pegasus en México, cometido en perjuicio de la periodista Carmen Aristegui.
Durante semanas, la Fiscalía presentó a diversos testigos y documentos para intentar acreditar que Juan Carlos G., un empleado de la empresa KBH, filial de NSO Group, había sido el responsable de intervenir las comunicaciones privadas de la periodista.
No obstante, al finalizar el juicio, el juez Luis Benítez Alcántara concluyó que la FGR no logró acreditar ni aportó una sola prueba para probar que dicha persona cometió el espionaje de forma directa, por lo que lo dejó ir en libertad, derrumbando así el único caso abierto por el uso ilegal del software en el país.
No obstante, luego de reconocer que existen al menos 24 operadores del software, el juez señaló que su resolución “no acota la investigación que la Fiscalía debe continuar. La importancia de este asunto no inicia desde esta sala, inicia desde la investigación. Más tratándose de un sector que ha sido tan vulnerado en México”, dijo.
Incluso, investigaciones periodísticas han señalado que el uso de este aparato de espionaje no solo involucra a los gobiernos de los expresidente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sino que además llegan hasta el sexenio del presidente López Obrador, mismo que se ha rehusado a publicar toda la información relacionada a su uso en esta y otras administraciones.
