Otra vez el caso Colosio a la palestra. A punto de cumplirse 30 años del magnicidio del político sonorense, los intereses oficiales —léase el gobierno federal— no lo dejan en paz por cuestiones políticas.
Mueven y mueven el caso en función de las conveniencias para tratar de demostrar el “Crimen de Estado” (sic), porque así conviene al momento político que se vive, previo a la elección del próximo junio, para golpear a la alianza opositora y ofreciendo encontrar nuevas evidencias —que no las habrá— para implicar a otros actores, o despertar sospechas para seguir en forma recurrente utilizando caso cuando convenga.
Ya el alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del sonorense asesinado, le mandó el mensaje al presidente de usar sus facultades constitucionales para indultar a Mario Aburto, el asesino confeso del candidato presidencial del PRI en 1994.
Y en efecto, la fracción XIV del artículo 89 de la CPEUM autoriza al Ejecutivo federal a: “Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales”.
A su vez, el artículo 97 bis del Código Penal Federal establece el proceso cuando “la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales establecidos en la legislación”.
El presidente López Obrador rechazó de inmediato la petición de Colosio Riojas sin dar una argumentación contundente, pero buscando que no se le cayera la estrategia de golpear adversarios utilizando una vez más el caso. Colosio Riojas volvió a insistir advirtiendo que con el frecuente manoseo del caso de su padre solo se estaba politizando sin sentido y sin aportar nada nuevo; lo que es cierto.
¿Cómo va a indultar el presidente de la República a Mario Aburto?
Aburto está a punto de cumplir 30 años en la cárcel. Los tribunales han afirmado que debió ser juzgado bajo el marco legal del estado de Baja California y no bajo la legislación federal, dado que fue en Tijuana donde se cometió el delito, y ahí la pena máxima es de 30 años y no de 45 como lo establece la legislación federal.
Si López Obrador indultara a Aburto —como lo puede hacer— se le caería el juego, se acaba la distracción y falla su estrategia de campaña paralela.
Cuatro fiscales especiales para el caso Colosio —Miguel Montes, Olga Islas, Pablo Chapa Bezanilla y Luis Raúl González Pérez— debieron resistir desde 1994 las presiones para que involucraran mediante conspiraciones a personajes del medio político en el crimen, desde el presidente Carlos Salinas de Gortari hasta la llamada nomenclatura política del PRI, motejada así por el propio expresidente de México cuando se elaboraban las explicaciones acerca del asesinato del exsecretario general del PRI José Francisco Ruiz Massieu, a finales de 1994.
Desde entonces a la fecha no ha habido algo nuevo que haya demostrado que en el crimen de Colosio hubo otro tipo de participación a la ya confesada por el propio Aburto. Nada más.
La campaña paralela instrumentada por el presidente de la República abarca no solo explotar el caso Colosio para beneficio de su partido y de su candidata presidencial, en tanto inician oficialmente las campañas en el mes de marzo. Hay otros elementos muy publicitados y a todo volumen que al principio del año están en operación. Por ejemplo:
Anunciar el pago adelantado del pago a los pensionados, bajo el nuevo esquema de financiamiento que refleje los incrementos autorizados a las pensiones en el año electoral: 6 mil pesos bimestrales en lugar de los 3 mil ochocientos del año pasado. Lo que quiere decir que los casi 12 millones de pensionados del bienestar en México ya han recibido los primeros 12 mil pesos para el período enero-abril. ¿Compra adelantada de votos?
También los anuncios de incrementos salariales a los maestros anunciándolos como acuerdo con el SNTE y con la CNTE tomando en cuenta lo importante que son los maestros para la estructura electoral y las movilizaciones que vienen en las campañas.
La estrategia también incluye presionar a los sindicatos de industria y a los de la burocracia para que sus dirigentes declaren públicamente su apoyo a Morena, en el contexto del temor que sienten (los líderes) de que desde el Estado pudieran orquestarse estrategias para destituirlos, como en los casos no muy lejanos de Romero Deschamps y Elba Esther Gordillo. Lo acaba de hacer Ricardo Aldana, dirigente de los trabajadores de Pemex, anunciando públicamente su apoyo a Claudia Sheinbaum. ¿Cuántos trabajadores de Pemex le harán caso de votar en junio por Morena viendo como los han tratado en este sexenio?, ¿Sabrá Aldana que las leyes electorales prohíben el voto corporativo?, ¿Quién seguirá en esta lotería de lealtades simuladas por temor?
En el contexto de la campaña paralela, ocupa un lugar especial el anuncio de que el 5 de febrero el presidente no irá a Querétaro a la celebración del 107 aniversario de la Carta Magna. Dijo que con esa fecha relanzará sus proyectos legislativos pendientes, que ya le fueron rechazados por las oposiciones en el Congreso de la Unión en meses pasados.
Irá de nuevo con esos proyectos no porque esté convencido de que se los van a aprobar en el Congreso, donde Morena y sus aliados no cuentan con mayoría calificada. Los enviará en el inicio del período de sesiones y el último de la LXV Legislatura para hacer ruido mediático, previo a la campaña de las candidatas presidenciales y los candidatos a los 628 escaños (500 diputados y 128 senadores) del Congreso de la Unión.
Una campaña paralela, que lo mismo incluye el mejoramiento salarial de las burocracias; la presunción del nuevo salario mínimo; reformas políticas tendentes a reducir el costo de la representación política —en aras de centralizar el poder presidencial— eliminando pluris, regidores, diputados locales y senadores; y eliminar los órganos autónomos incluyendo una fuerte embestida contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación —hasta ahora el único contrapeso que temen—, y a la que busca debilitar y domesticar para ponerla al servicio del proyecto político del oficialismo.
Las cosas están cambiando y el descontento va en aumento. Lo que dice y expresa la gente en la calle no coincide con lo que dicen las encuestas triunfalistas del poder. No es lo mismo el nivel de conocimiento de los aspirantes que el nivel de irritación de la gente ante problemas graves sin solución, como los de la seguridad y la salud, por solo citar dos que ya son de dominio popular. La brecha electoral se cierra y algunos no lo quieren creer. Seguro habrá sorpresas y hay temor del lado oficial, y por eso la campaña paralela y los temas para distraer a la gente.
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