Se repite hasta el cansancio que ésta será la elección más grande de la historia. Y es cierto, jamás se habían conjuntado en el mismo proceso en el que se renovará la Presidencia de la República, tantos cargos federales y locales a elegir, tantas candidaturas, tal número de casillas a instalar y tal cantidad de posibles electores.
Lamentablemente, en las circunstancias actuales, éste también podría ser el proceso electoral más violento de la historia; el más acechado por grupos criminales que, ejerciendo violencia explícita o implícita, tendrán capacidad de influencia en los resultados electorales.
Es una desgracia, pero la “fiesta democrática” transcurrirá, en muchos lugares del país, en un contexto de inseguridad y violencia, y de crecimiento de los intereses criminales, que harán imposible una contienda auténtica entre opciones políticas.
¿Qué posibilidades tiene un candidato o una candidata que genuinamente quiera resolver los problemas de su municipio, que realmente quiera llevar los intereses de su comunidad al Congreso local, e incluso a la Cámara de Diputados, en ciertos lugares de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Colima, Oaxaca, Chiapas…?
Son cada vez más numerosos los sitios en los que el crimen ha actuado desde hace ya varios ciclos electorales -décadas-, para imponerle candidaturas a partidos, para eliminar competidores, para cooptar alcaldes antes de que lleguen al cargo, para amedrentar a diputados, regidores, síndicos, para exigir direcciones de la Policía, tesorerías, secretarías de Obra, o para tomar control del ayuntamiento completo.
Lo más llamativo ha sido la violencia extrema: en los comicios de 2018 (que también fueron “los más grandes de la historia” hasta ese momento), el INE registró 98 asesinatos de políticos ligados a la elección entre septiembre de 2017 (arranque formal del proceso electoral) hasta julio, mes de la jornada electoral. Strategia Electoral registró 145 y la consultora Etelleckt contó 152 asesinatos.
En 2021, que otra vez fue bautizado como “el proceso electoral más grande -y complejo- de la historia”, el INE registró 30 asesinatos de septiembre de 2020 y junio de 2021, considerando únicamente a precandidatos y candidatos. Strategia Electoral contabilizó 88 homicidios de políticos y Etelleckt contó 102.
La violencia se ha concentrado, sobre todo, en las elecciones municipales, donde arteramente se asesina a candidatos en la calle y a plena luz del día, como le ocurrió a Abel Murrieta en Cajeme, Sonora, el 13 de mayo de 2021; o se secuestra y mata al más probable ganador unas horas antes de los comicios, como le pasó a Remigio Tovar, en Cazones, Veracruz, el viernes 4 de junio de 2021.
En ese contexto, hay un dato que debería alertar a las autoridades -electorales, pero sobre todo a las de Seguridad-, que es la confluencia de elecciones locales en todo el territorio nacional y, sobre todo, la enorme cantidad de municipios que se renovarán.
En 2018 hubo elecciones de ayuntamiento en mil 614 municipios de 25 estados; en 2021, fueron mil 923 municipios de 30 entidades (sólo Durango e Hidalgo no tuvieron elección municipal). En 2024, se votará por alcaldes en mil 801 ayuntamientos de 30 entidades (esta vez son Durango y Veracruz los únicos que no van a elección municipal). Además, en las elecciones municipales estarán en juego 14 mil 423 regidurías, mil 975 sindicaturas y 431 cargos auxiliares. Se votará por mil 98 diputaciones de 31 Legislaturas locales. Sólo Coahuila no renovará su Congreso estatal.
¿Cuál es el panorama en 2024?
El proceso electoral comenzó formalmente en septiembre y, desgraciadamente, ya comenzó la violencia político-electoral. Desde el 7 de septiembre, que comenzó el proceso electoral, hasta el 31 de diciembre, Data Cívica registró que fueron agredidos ocho precandidatos y un excandidato. Seis casos fueron de asesinato, un secuestro y dos atentados. Además, en lo que va de enero de 2024, fueron asesinadas otras cinco personas que pretendían participar en las elecciones.
Entre las víctimas de asesinato en este proceso electoral se encuentran: Wilman Monje, exalcalde de MC en Gutiérrez Zamora, Veracruz, asesinado el 11 de octubre; Jesús Toral Rangel, líder comunal y consejero estatal de Morena en Michoacán, asesinado el 24 de octubre; Ricardo Tapia, aspirante a diputado federal por Morena, asesinado en Acapulco, Guerrero, el 21 de diciembre; Alfredo Giovanni Lezama, regidor panista de Cuautla, Morelos, que aspiraba a una diputación local, asesinado el 4 de enero; Sergio Hueso, aspirante de Movimiento Ciudadano a alcalde de Armería, Colima, asesinado el 5 de enero, y Miriam Noemí Ríos, activista trans y comisionada de MC en Jacona, Michoacán, asesinada el 11 de enero.
Los reportes de Data Cívica, como parte de su proyecto Votar entre balas, dan cuenta de un proceso electoral ensombrecido por la violencia: 35 eventos asociados con violencia criminal-electoral en el país durante el mes de septiembre; 53 eventos en octubre, 49 eventos en noviembre, 42 eventos en diciembre.
Data Cívica ha ampliado la mirada, e incluye en su reporte asesinatos no sólo de aspirantes o precandidatos, sino de funcionarios de seguridad, servidores públicos municipales, dirigentes partidistas y funcionarios del Poder Judicial, incluyendo no sólo los asesinatos, sino las amenazas, los ataques armados, atentados y secuestros.
También el Instituto Nacional Electoral, que siempre dirá que no hace mapas de riesgos, ha registrado ya amenazas y agresiones a sus funcionarios de Juntas Distritales y Juntas Locales, y a Capacitadores y Supervisores Electorales.
La autoridad electoral tiene que desplegar un ejército de casi 50 mil funcionarios para visitar a más de 12 millones de personas que resultaron insaculadas para ser funcionarias de casilla el 2 de junio; después, debe capacitar a cerca de 2 millones que recibirán y contarán el voto de sus vecinos en todo el país. Eso incluye municipios donde actualmente no hay más ley que la de los grupos criminales.
En diciembre, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, acudió a la instalación de la “mesa de seguridad de las elecciones 2024”, con las titulares de las Secretarías de Gobernación, Luisa Alcalde, y Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y Marina, Rafael Ojeda, y los titulares de la Guardia Nacional, la Fiscalía Especial de Delitos Electorales.
El objetivo, según se dijo, es coordinar acciones para la protección de los miles de candidatos y candidatas que estarán en campaña en los próximos meses, y garantizar que alrededor de 98 millones de mexicanas y mexicanos voten en plena libertad el 2 de junio. Suena muy bien como propósito, pero la realidad -nuevamente- ya se está imponiendo sobre los discursos oficiales.
Postdata
Desde 2021, la oposición ha acusado a Morena de beneficiarse de la presunta intervención de grupos criminales en los comicios. Al final de aquel proceso electoral, en el que se renovaron 15 gubernaturas (de las cuales Morena y aliados ganaron 12), los dirigentes del PRI, PAN y PRD acudieron a la Organización de Estados Americanos a denunciar que, en estados como Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí, la acción del crimen había inhibido el voto libre en beneficio de la coalición oficialista.
En 2022 se hicieron señalamientos semejantes en las elecciones de gobernador de Tamaulipas, Hidalgo y Oaxaca (donde ganó Morena), y Durango, donde ganó la coalición opositora.
Las acusaciones de posibles pactos entre el crimen organizados y políticos de diversos partidos ya también forman parte del proceso electoral 2024.
Un caso muy grave es de Griselda Martínez, alcaldesa de Manzanillo, quien fue expulsada de Morena la semana pasada por atreverse a denunciar presuntos acercamientos del Cártel de Sinaloa con el gobierno estatal de la también morenista Indira Vizcaíno, a quien señala por acercar a dicho cártel con la campaña de Claudia Sheinbaum.
La expulsión de la edil fue fulminante, y la dejará fuera de la posibilidad de reelegirse o buscar otro cargo postulada por Morena. Sirva su denuncia -que prometió ampliar en próximos días- como antecedente de la elección en Colima, territorio de influencia del Cártel de Sinaloa, y uno de los estados donde más ha crecido la violencia en los últimos años.
