Por Nayeli Roldán
Tras una batalla legal que inició en 2019, un tribunal absolvió de manera definitiva a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido de la función pública en La Estafa Maestra, el esquema de corrupción mediante el que 11 dependencias federales desviaron más de 3 mil millones de pesos a través de universidades y empresas fantasma durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Se trata de la única exsecretaria de Estado que fue investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por este caso, pero solo la acusó de omisiones, al no detener la firma de convenios entre las dependencias y universidades durante su gestión como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario (Sedatu), lo cual derivó en el desvío de recursos públicos.
Sin embargo, en el proceso que la llevó a la cárcel por tres años, nunca le imputó algún delito financiero. Esto significa que la Fiscalía jamás investigó a las empresas fantasma, ni sus respectivas cuentas bancarias, ni las finanzas de todos los funcionarios involucrados, y mucho menos el destino final de los recursos públicos desviados. Tampoco inició procesos en contra de algún otro exsecretario de Estado.
Esto, pese a que el fiscal Alejandro Gertz Manero, al inicio de su gestión y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, prometió que La Estafa Maestra sería investigada como un caso de delincuencia organizada, al tratarse de un sistema de corrupción en el que intervinieron decenas de personas y se desviaron miles de millones de recursos públicos.
Esa promesa nunca se cumplió. Al iniciar el proceso judicial, la FGR solo le atribuyó omisiones prácticamente administrativas, y las únicas pruebas que ofreció durante las audiencias fueron los informes de Cuenta Pública realizadas de la Auditoría Superior de la Federación de 2013 a 2016, documentos oficiales como los oficios de nombramiento de sus cargos en el gabinete o los convenios firmados entre las dependencias y las universidades.
En cambio, en estos años de proceso, la FGR no investigó la ruta del dinero que llevara hacia los responsables y beneficiarios del desvío, pese a tener a su alcance la legislación que le permite trabajar con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o colaboraciones con entes internacionales para rastrear el dinero incluso fuera del país.
‘Solo faltas administrativas’
La resolución del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, de este 5 de diciembre, resolvió la apelación de la Fiscalía de una sentencia de febrero pasado, y dio por concluido el proceso en contra de Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido de la función pública.
La ponencia a cargo del ministro Alberto Torres Villanueva aprobada por unanimidad de votos ratificó la sentencia dictada por el juez Roberto Omar Paredes Gorostieta y Femat, quien consideró que la acusación de la FGR ya no era aplicable, pues ya no existía en el código penal, tras reformas constitucionales de 2015.
Además, determinó que las imputaciones y pruebas ofrecidas por la Fiscalía no eran suficientes para sostener la acusación de un delito en contra de Robles, sino que más bien se trataba solo de faltas administrativas.
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