La Secretaría de Seguridad Pública (SSPC) señaló a dos jueces de otorgar suspensiones provisionales a la reforma que desaparece 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial.
El Subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, acusó a Juan Fernando Luévano Ovalle de conceder una suspensión provisional el pasado 30 de octubre, quien argumentó que dicha reforma podría tener consecuencias jurídicas de difícil reparación para los promoventes.
Por lo tanto, el impartidor de justicia ordenó detener su aplicación legal y suspender la entrega de los recursos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
A su vez, la jueza novena de distrito en materia administrativa de la CDMX, Elizabeth Trejo Galán, otorgó una segunda suspensión el pasado 7 de noviembre argumentando que se podría afectar los derechos adquiridos por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), lo que podría mermar la función jurisdiccional.
Sin embargo, Bucio acusó a esta última de pertenecer a la asociación de jueces y magistrados que “hoy es beneficiaria de esta suspensión provisional”.
Por lo tanto, sostuvo que ambos jueces frenaron las reformas aprobadas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.
El pasado 26 de octubre, senadores aprobaron la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, cuyos recursos ascienden a más de 15 mil millones de pesos y serán enviados a la Tesorería de la Federación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el CJF han argumentado que la extinción de los fideicomisos repercute “en el cumplimiento de diversas obligaciones patronales respecto a derechos laborales”.
Asimismo, señalan que seis de ellos guardan recursos para pagar prestaciones obligatorias – por ley – de sus trabajadores, incluidas pensión, apoyo para vivienda, cobertura de salud y retiro.
En contraste, el presidente López Obrador ha afirmado que la medida no afecta a los trabajadores, sino que busca quitar privilegios.
