Primero fue contra el Instituto Nacional Electoral (INE), ahora el Gobierno de la 4T intenta eliminar o acotar la autonomía e independencia del Poder Judicial, esto mediante un intento de asfixia presupuestal.
Esta semana, Morena y sus aliados aprobaron en comisiones un dictamen de reforma que busca disolver 13 de los 14 fideicomisos con que cuenta el Poder Judicial, lo que se traduciría para esa instancia en una pérdida de recursos por más de 15 mil millones de pesos.
Dicha reforma sería votada en el Pleno de la Cámara de Diputados la próxima semana, para pasar posteriormente al Senado y al aprobarse obligaría a que esos recursos sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, para que puedan ser asignados a los programas sociales o a las obras de infraestructura del Gobierno federal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya aseguró que la posible eliminación de los fideicomisos afectará su operatividad y los derechos laborales de sus trabajadores.
La extinción de los fideicomisos, señala la Corte, afecta los derechos laborales de las y los trabajadores. Al menos 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.
Señala que los otros fideicomisos atienden necesidades específicas de operación, como es el caso del fideicomiso para el “Desarrollo de infraestructura que implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal”.
Ninguno de los 14 fideicomisos, subraya, son destinados para pagar alguna prestación para las ministras y los ministros de la Corte, como han asegurado legisladores de Morena.
Entonces, lo más seguro es que en las próximas semanas esta reforma será aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso, pero también muy seguramente será desechada mediante una acción de inconstitucionalidad.
El problema es que al ser la propia Corte quien decida este tema, se buscará crear una narrativa donde se afirme que los magistrados pretenden proteger privilegios, siendo que en la realidad esto se trata de una batalla por su autonomía.
Lo que en el fondo busca la 4T es debilitar moral y presupuestalmente al Poder Judicial y, con ello, eliminar el contrapeso que ha significado para la aplicación de acciones y reformas que han sido violatorias de la Constitución.
Ejemplos sobran: Como cuando la Corte invalidó en mayo pasado el acuerdo que declaraba las obras del Gobierno de López Obrador como asuntos de seguridad nacional, a fin de ocultar información y contratos sobre su realización.
O también cuando dejó sin efectos el llamado “Plan B” electoral del Presidente, que pretendía limitar los recursos y facultades del INE con miras a la elección de 2024.
La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental en cualquier país que se precie de buscar convertirse en una democracia consolidada y funcional.
Es indispensable que contemos con un poder que actúe de forma autónoma e imparcial, sin influencias externas que puedan comprometer su capacidad para administrar justicia de manera justa y equitativa.
Una corte independiente garantiza un balance de poderes y un contrapeso institucional, la protección de derechos fundamentales, la transparencia y confianza en la impartición de justicia, la prevención de la corrupción y el respeto al Estado de Derecho y la legalidad.
En conclusión, la independencia del Poder Judicial es esencial en nuestra democracia, y su preservación y fortalecimiento son primordiales para asegurar la estabilidad y la confianza en las instituciones democráticas del país. Simplemente en esto no puede haber un solo centímetro de retroceso.
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