Familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en 2014 en Guerrero, México, acusaron este lunes 25 de septiembre falta de información en la pesquisa que realiza el gobierno, a nueve años del caso Ayotzinapa.
“En el informe del Secretario de la Defensa Nacional no hay nada, no da respuesta, ni el presidente ni él, no se da respuesta a la información que solicitaron los padres de familia”, dijo a la prensa Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 jóvenes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, tras una reunión con representantes gubernamentales.
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Rosales añadió que la investigación del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se acerca más a “la verdad histórica”, como se llamó a la pesquisa del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), que apuntaba a que los estudiantes fueron detenidos por policías coludidos con criminales al ser confundidos con miembros de un cártel rival.
“Refiere que los estudiantes iban infliltrados, que se trataba de una disputa de los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando de lado al ejército”, dijo Rosales.
López Obrador –quien niega que su gobierno oculte pruebas que incriminarían a militares en el caso– recibió la semana pasada a los familiares de los estudiantes. Con ellos se comprometió que entregaría a cada uno de los padres un expediente con toda la información sobre el caso Ayotzinapa.
El Ejército fue señalado
Se “entregará a padres y madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, toda la información relacionada con el caso. No se oculta nada ni se protege a las personas involucradas”, dijo en la red X el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, luego del encuentro. “Estamos buscando qué nivel de responsabilidad tiene el ejército, eso se busca en la investigación”, dijo por su parte el presidente López Obrador este miércoles durante su conferencia matutina.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado tras un acuerdo entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asegura que el Ejército mexicano permitió la agresión a los estudiantes, la encubrió y luego no facilitó información veraz sobre lo sucedido.
Esa comisión concluyó el pasado 26 de julio las pesquisas iniciadas en 2015, alegando que el estamento militar se niega a entregar información sensible, por lo que resultaba “imposible” seguir adelante con su labor.
Información de AFP y Newsweek
