El fiscal especial David Weiss tiene la intención de solicitar al gran jurado que impute este mes a Hunter Biden, según reveló en un escrito ante los tribunales.
El hijo de Joe Biden está investigado por delitos fiscales y por mentir sobre que estaba limpio de drogas en el momento de comprar un arma, aunque el escrito se refiere solo a este último delito.
El fiscal y la defensa difieren sobre la validez de un acuerdo previo pactado entre las partes para archivarlo.
El hijo del presidente de Estados Unidos (EEUU) admitió inicialmente la comisión de esos delitos como parte de un pacto con la fiscalía para ser condenado con penas menores por los delitos fiscales y archivar el caso de las armas.
Sin embargo, las partes tenían una interpretación diferente del acuerdo.
Mientras que los abogados de Hunter Biden creían que con eso se ponía fin a todas las investigaciones federales sobre él, la fiscalía se consideraba con las manos libres para presentar cargos sobre otros posibles delitos derivados de la investigación en curso sobre sus negocios.
Además, la juez encargada del caso, nombrada por Donald Trump, se mostró reacia a aprobar el acuerdo.
Bajo la presión de las protestas republicanas, que consideraban que el Departamento de Justicia estaba dando un trato de favor al hijo del expresidente, el pacto quedó en el aire.
El fiscal general, Merrick Garland, designó a Weiss como fiscal especial para este caso, lo que le otorga una independencia añadida, pero es el mismo que lo venía investigando en Delaware como fiscal federal desde el mandato de Donald Trump.
“La Ley de Juicios Rápidos requiere que el gobierno obtenga la imputación por un gran jurado por una acusación antes del viernes 29 de septiembre de 2023, como muy pronto.
El gobierno tiene la intención de buscar la devolución de una acusación en este caso antes de esa fecha”, se señala al final del escrito, que repasa los últimos movimientos procesales.
En el acuerdo aparentemente frustrado, cuya validez aún reclaman los abogados del hijo del presidente, éste estaba dispuesto a declararse culpable de dos cargos menores de fraude fiscal por no pagar el impuesto federal sobre la renta de los ejercicios 2017 y 2018, que regularizó posteriormente con una cantidad superior al millón de dólares.
Además, admitía los hechos de otro delito de posesión ilegal de un arma por la compra de una pistola Colt Cobra del calibre 38 en 2018 mintiendo sobre su adicción a las drogas.
La Fiscalía renunciaba a perseguir ese delito a cambio de que se mantuviera alejado de las drogas durante dos años y de que renunciara a tener un arma de fuego en el futuro, un pacto habitual en casos similares.
Hunter Biden, sujeto a investigación durante cinco años, se ha convertido en objetivo de la ira de los republicanos.
Los republicanos, además, acusan a Biden de beneficiarse de las empresas de su hijo en Ucrania y China, aunque no han logrado pruebas de ello pese a sus múltiples requerimientos y citaciones en la Cámara de representantes desde que lograron la mayoría.
Lo más que han logrado apuntar es que Biden saludó alguna vez a alguno de los socios de su hijo.
El ala dura del Partido Republicano quiere que la Cámara de Representantes procese políticamente al presidente por esos hechos con un impeachment para destituirlo, aunque la acusación no tenga posibilidades de prosperar en el Senado.
A poco más de un año de las elecciones, los republicanos ven en la imputación de Hunter Biden una oportunidad de erosionar la imagen del presidente, que opta a la reelección.
Biden siempre ha apoyado a su hijo y ha aparecido repetidamente en público con él pese a las investigaciones de que es objeto e incluso en los momentos más calientes del caso.
El presidente, de hecho, ha elogiado a su hijo por superar sus adicciones y enderezar su vida.
El fiscal no deja claro en su escrito si buscará la imputación por los tres delitos, pero de él se deduce que presentará cargos por el de la compra o posesión ilegal de la pistola.
Los abogados de Hunter Biden han registrado otro escrito este mismo miércoles en el que defienden la vigencia del acuerdo inicial.
“El señor Biden ha seguido y continuará siguiendo las condiciones de dicho acuerdo, que la Fiscalía aceptó y firmó e informó al Tribunal el 20 de julio de 2023 que la Oficina de Libertad Condicional había acordado y había recomendado que se pusiera en vigor”, dice el escrito.
Ambos respondían al juez sobre una petición para que se pronunciaran sobre el estado procesal del caso, para lo que les había dado de fecha hasta el 6 de septiembre.
Si como pretende el fiscal especial, Hunter Biden es imputado este mes, el juicio se celebraría previsiblemente en los próximos meses, en plena carrera hacia las elecciones presidenciales del 5 de noviembre del próximo año.
Los republicanos podrían usarlo como contrapeso de los juicios que tiene pendientes Donald Trump, favorito en las primarias de su partido y probable rival de Joe Biden en las elecciones.
Recientemente, un tribunal federal de apelaciones de Nueva Orleans anuló una condena por posesión ilegal de un arma al decir que la ley estatal que exigía un periodo sin consumo de drogas iba en contra del derecho constitucional a llevar armas en la interpretación que le da el Tribunal Supremo.
“Nuestra historia y tradición pueden apoyar algunos límites al derecho de una persona intoxicada a llevar un arma, pero no justifican desarmar a un ciudadano sobrio basándose exclusivamente en su consumo de drogas en el pasado”, decía la sentencia.
Información de El País
