Gustavo Aguirre Castro, anestesiólogo con residencia en Baja California Sur, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el uso médico de fentanilo, obtuvo un amparo que dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada por un juez.
“Nos acaban de notificar que el amparo presentado por esta defensa fue concedido inmediatamente y se suspendió la absurda medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El doctor ya no tendrá que presentarse en las 36 horas que ordenó el juez para ser encarcelado en espera de la siguiente audiencia (2 de septiembre)”, informó el abogado Antonio Juárez, del despacho Blindaje Médico Jurídico.
El jueves 31 de agosto, la FGR dio a conocer que un juez ordenó a Gustavo Aguirre entregarse en el centro penitenciario de La Paz en un plazo no mayor a 36 horas, el cual vencía en la madrugada del viernes 1 de septiembre.
En un comunicado, la fiscalía idicó que la medida cautelar sería aplicada inicialmente hasta el próximo 5 de septiembre, cuando se reanude la audiencia contra el médico.
La FGR acusa al anestesiólogo de delitos de contra la salud en la modalidad de posesión de fentanilo, morfina, efedrina con fines de suministro, y posesión simple de Delta-9-Tetrahidrocannabidol (THC).
Gustavo Aguirre enfrenta la imputación de la Fiscalía por el uso médico de fentanilo, un analgésico utilizado para procedimientos quirúrgicos mayores que ahora está en la mira de las autoridades por las muertes causadas entre consumidores de drogas.
A inicios de agosto, un juez federal otorgó un amparo a Aguirre Castro para que el Ministerio Público liberara su casa, la cual estaba asegurada como parte de las investigaciones de la FGR.
En julio pasado, luego del cateo realizado a su casa, el médico contó en redes sociales y a medios de comunicación que ante el desabasto de medicamentos, se vio obligado a adquirir el analgésico por su cuenta y directamente a una farmacia, pero con el permiso de Cofepris.
Aguirre Castro sostiene que el uso del fentanilo que él adquirió es para uso médico. Hasta ahora, la FGR no ha demostrado que el anestesiólogo haya traficado con el medicamento.
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