Un juez federal en California bloqueó este martes las restricciones de asilo del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, implementadas en mayo tras el fin del Título 42 y que disminuyeron sustancialmente en junio los cruces en la frontera.
El magistrado Jon S. Tigar, del Distrito Norte de California, falló a favor de una demanda de grupos civiles que rechaza la medida al considerar que viola las leyes de asilo de Estados Unidos y pone en grave peligro a los solicitantes.
La demanda fue presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), el Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante y el Centro Hastings para Estudios de Género y Refugiados.
“El fallo es una victoria, pero cada día que la administración de Biden prolonga la lucha por su prohibición ilegal, muchas personas que huyen de la persecución y buscan refugio para sus familias quedan en grave peligro”, aseguró Katrina Eiland, directiva de ACLU, a EFE.
El juez Tigar dio 14 días al gobierno de Biden para responder al fallo.
“Estamos dispuestos y listos para pelear en contra de una decisión adversa y de llegar a la Corte Suprema si fuese necesario”, adelantó el lunes Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).
El juez es conocido por haber bloqueado la medida del gobierno de Donald Trump que restringía la posibilidad de pedir asilo a los migrantes que hubieran pasado antes por otros países, donde debían dirigir sus solicitudes antes de proseguir su camino hacia Estados Unidos.
La nueva regla del gobierno de Biden se asimila a la de Trump. ACLU y los otros grupos recordaron que durante la campaña electoral el presidente prometió restaurar el sistema de asilo, sin embargo, consideran que “ha duplicado las crueles restricciones de su predecesor”.
Según los demandantes, estas reglas “operan tal como lo hicieron las vedas de asilo del gobierno anterior”.
Al respecto, Katrina Eiland, abogada del Proyecto de Derechos de los Migrantes de ACLU, dijo en un comunicado que “hemos recorrido este camino antes con Trump, las prohibiciones de asilo eran crueles e ilegales entonces, y nada ha cambiado ahora”.
La demanda busca “un retorno por parte del gobierno al proceso legal, lo cual significa que, cuando una persona llega a un puerto de ingreso o cruza (la frontera) entre esos puertos, tiene el derecho de pedir asilo y que se escuche su caso”, explicó Eiland.
Las medidas impuestas por el gobierno estadounidense y la aplicación de las leyes migratorias tras el fin del Título 42 en mayo, que permitía la expulsión inmediata de migrantes por razones sanitarias, logró una disminución en las detenciones en la frontera suroeste del país.
En junio pasado, el primer mes completo desde que se implementaron las medidas, el número de detenciones cayó a los niveles de febrero de 2021 con 99 mil 545 migrantes detenidos, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Sin embargo, Nuñez-Neto defendió la decisión de su gobierno de imponer las restricciones.
“Tenemos un compromiso para lidiar contra el reto que hay en la frontera dentro de nuestras autoridades legales”, subrayó el funcionario.
Información de Latinus
