Por Arturo Sánchez y Emir Olivares
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) informaron este martes que han detectado que un grupo de empresas que fueron sancionadas o inhabilitadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para celebrar contrataciones públicas están participando en procesos de licitación del IMSS.
En la conferencia de prensa diaria de López Obrador en Palacio Nacional, el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, aseguró que está completamente descartada la contratación de las firmas sancionadas, que en el pasado brindaron servicios al IMSS relacionados con sus laboratorios clínicos y bancos de sangre.
El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, dijo que hay 121 empresas que prestan dichos servicios al IMSS y otras instituciones públicas de salud. De ellas, afirmó, 19 han incurrido en actos de corrupción en contrataciones hechas en el gobierno actual, pero principalmente en administraciones anteriores.
Se trata de un grupo de empresas que realizó acuerdos para repartirse ilícitamente las contrataciones y mentía en las licitaciones para que resultara ganadora una firma en particular. Entre las empresas investigadas por la presunta colusión se encuentran Centrum Promotora Internacional y su filial Valtrum, Hemoser, Impromed y su filial Internet, e Instrumentos y Equipos Falcón, además de otras como Dicipa, Selecciones Médicas y Selecciones Médicas del Centro, filiales del Grupo Fármacos, de acuerdo con reportes periodísticos.
La SFP ha impuesto sanciones a 13 de las 19 empresas, que consistieron en 24 inhabilitaciones de entre uno y nueve años para participar en licitaciones públicas y multas por casi 2 mil millones de pesos.
Las empresas han interpuesto amparos y otros recursos legales para impedir que las sanciones cobren plena vigencia, lo que ha permitido que sigan participando en procedimientos de contratación, reconoció Salcedo Aquino.
Añadió que se tienen dudas razonables de que algunas empresas, para eludir las sanciones, utilizan filiales o cambian de razón social. Señaló que para contrarrestar esta situación, la SFP verificará la documentación de los proveedores para verificar si hay anomalías.
Dijo que está en estudio un proyecto de reforma legislativa para que sea posible identificar de manera eficaz a los beneficiarios finales de las empresas, a fin de evitar la elusión de las sanciones.
Información de La Jornada
