Durante los últimos años, en México nos hemos acostumbrado a vivir en medio del luto. Como prueba de ello, basta con revisar datos tan tristes y alarmantes como el que señala que cada 12 minutos un mexicano es desaparecido o asesinado, lo que equivale al asesinato o desaparición de 118 personas al día.
Sin duda, esta dolorosa costumbre luctuosa se vio agravada a partir de 2006 por la ola de asesinatos dolosos y desapariciones forzadas que se desató como consecuencia del inicio de la fallida guerra contra el crimen organizado de parte del Estado.
Por lo anterior, como ya lo hemos apuntado en este espacio, es necesario que las autoridades reconozcan que sería un error continuar con la misma estrategia fallida de los últimos 17 años en materia de seguridad pública. Se trata de una perspectiva fundamentada en la evidencia empírica recopilada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual nos confronta con una realidad en la que se cometen cuatro delitos por minuto, una mujer es violada cada media hora y siete niños desaparecen cada día.
Sin embargo, en los hechos la conservación de la misma estrategia de seguridad pública no es la única determinación de parte del gobierno federal que atenta en contra de la vida de los mexicanos. Pues de igual grado de afectación resultan las acciones y/o omisiones gubernamentales que acontecen desde el inicio del presente sexenio en lo concerniente a la salud pública.
Desde diciembre del 2018 llegaron decisiones atroces como las respectivas eliminaciones del Seguro Popular y del Programa de Atención a Gastos Catastróficos Para Enfermedades de Alto Impacto, o el desmantelamiento del Sistema de Adquisiciones de Medicinas y Vacunas.
Todo, bajo la promesa de eventualmente dar pie a un sistema de salud más eficiente y con costos reducidos.
Posteriormente, llegaron los desabastos de medicinas y tratamientos médicos, sobre todo para niños y mujeres con cáncer. Una problemática que también vino acompañada de la escasez en vacunas y retrovirales de enfermedades que desde hace muchos años habían quedado erradicados en territorio nacional.
En la actualidad, encontramos un escenario en el que 35.7 millones de personas carecen de acceso a los servicios básicos de salud. Es decir, cerca de 16 millones más respecto de los que había en 2018, de acuerdo con cifras del Coneval.
También han salido a la luz registros en los que se muestra que cerca de 50 millones de recetas médicas no se surtieron en clínicas hospitales o farmacias del sistema de salud entre 2019 y 2021.
Además, se ha consumado un incremento del 40 por ciento en las defunciones a causa de enfermedades del corazón y del 44% por diabetes mellitus.
En términos generales, a lo largo de este sexenio la esperanza de vida en México se redujo un total de cuatro años, según lo advierten organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.
Y si bien es cierto que la pandemia de Covid tuvo una incidencia importante, hay que tomar en cuenta que los reportes del Inegiestiman un exceso de mortalidad de 775 mil defunciones entre enero del 2020 a junio del 2022, lo cual rebasa por mucho las cifras oficiales acerca de la contingencia sanitaria.
Dentro de este panorama desolador, hace unos días apareció la publicación en el Diario Oficial de la Federación un suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad que anunciaba la cancelación de 35 NOMs (Normas Oficiales Mexicanas), dentro de las que destacan las relativas a la prevención, detección, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cervicouterino, cáncer de mama y cáncer de próstata.
Asimismo, en la misma publicación se detallan una treintena más de elementos que tienen que ver con la calidad y atención de la salud como lo es la lactancia, la salud infantil, la atención del sobrepeso y la obesidad.
Frente a esta acción gubernamental, sería importante comenzar por recordar que, de acuerdo con la Ley de Infraestructura en la Calidad, las normas que se pretenden desaparecer son parte de una regulación técnica de observancia obligatoria cuyo fin es el fomento de la calidad para la protección del interés público, entendido este como el interés de las personas.
Se protege el interés de las personas en el sistema de salud cuando se establecen reglas, denominaciones, especificaciones de un bien, un producto, un proceso o un servicio que permita tener el mismo nivel de calidad de atención en la clínica ubicada en Nogales, en el centro de salud de Etchojoa o en el Hospital de Zona de Hermosillo.
Es decir, los tratamientos, las medicinas y los servicios ofrecidos a la población deben, obligadamente, tener un nivel óptimo de calidad en todos los casos.
Por ello, no parece justificable la pretendida cancelación de una norma de calidad en la salud, máximo si consideramos los problemas que aquejan a mexicanas y mexicanos a raíz del deterioro del sistema de salud que se ha registrado durante los últimos años.
Innegablemente, todos anhelamos con contar con un servicio de salud de calidad, enfocado en la prevención de las enfermedades, con una cobertura amplia y con atención focalizada en segmentos y espacios territoriales poco favorecidos.
Hay que reiterar las prioridades identificando, por ejemplo, la urgencia de que los adultos mayores reciban los servicios que requieren, especialmente en lo relativo a la salud para mantener una buena calidad de vida, más allá de lo que les puedan ofrecer las simples transferencias económicas que son importantes y que por lo mismo deben de preservarse.
Apuntemos a metas para el beneficio de todos como la consumación de un esquema de expedientes clínicos electrónicos, el aumento del personal médico, el mejoramiento de la adquisición y distribución de los medicamentos o el desarrollo de tratamientos para tratar padecimientos como la obesidad, las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, el Alzheimer y diferentes tipos de cáncer.
Un sistema de salud de calidad es lo que todos esperamos. Sin embargo, la señal que se manda con la cancelación de las Normas de Calidad en la Salud es la de que lejos de un sistema de salud como el de Dinamarca, a lo que nos acercamos es a la prolongación indefinida del luto nacional que marca el día a día de nuestra sociedad.
Twitter: @gomezreyna
