El Salvador.- El 10 de mayo, se cumplió un año que El Salvador no registró ningún homicidio no continuos, informó Nayib Bukele.
Estas cifran se dan a partir de que el presidente salvadoreño asumió su cargo el 1 de junio de 2019.
“Cerramos el 10 de mayo de 2023 con 0 homicidios a nivel nacional. Con este son 365 días sin homicidios, todo un año”, escribió en su Twitter.
El mandatario agregó en su mensaje un video donde consideró que la cifra no tiene precedentes y la compara con 2015, donde hubo más de 6 mil homicidios.
Los datos sobre no pueden ser verificados de manera independiente con otras instituciones porque el gobierno las declaró bajo reserva
El Salvador registró en 2015 una tasa de 105 muertos por cada 100 mil habitantes, según el Banco Mundial.
Con esa cifra se convirtió en uno de los países más violentos de América.
Sin embagor, ahora el gobierno atribuye la reducción al plan de seguridad “Control Territorial” y a la aprobación del régimen de excepción.
Los diputados aprobaron la medida el 27 de marzo de 2022, por petición de Bukele, como respuesta a un repunte de violencia.
El plan provocó críticas de organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que consideraron una violación a los derechos humanos de los presos.
Bukele rechazó las críticas y pidió a la comunidad internacional presentar un plan de seguridad con mejores resultados.
“Si lo hay, muéstrenlo; seguiremos esperando. Una vez lo podamos ver, nos cambiaremos a ese”, escribió Bukele en un tuit el 29 de abril.
Desde la implementación del régimen de excepción más de 68 mil personas fueron detenidas, según las autoridades.
La medida fue prorrogada en 13 ocasiones por periodos de 30 días, está vigente hasta hoy.
Sin embargo, los diputados expresaron su intención de continuar aprobando nuevas extensiones, porque el gobierno dice que aún es necesario.
El régimen mantiene suspendidas garantías constitucionales como el derecho a defensa, extiende el plazo de la detención administrativa de 72 horas hasta 15 días y permite la intervención de las comunicaciones sin que sea autorizada por un juez.
Con información de CNN