Hermosillo, Sonora.- Con la Ley 3 de 3, se busca que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar pueda tener un cargo de elección popular o un empleo como funcionario.
Al respecto, Lizette Sandoval, especialista en liderazgo, innovación y empoderamiento ciudadano, y Lizbeth Gutiérrez Obeso, politóloga, llevaron a cabo un debate en Proyecto Puente.
En su participación, Gutiérrez Obeso apuntó que la ley, que tuvo su origen como iniciativa ciudadana, contó con la participación de 105 promotoras que accionaron 22 municipios.
En su participación, Sandoval señaló que hubo falta de diálogo y nula explicación de la toma de decisiones por parte de las y los diputados del Congreso de Sonora.
