La Presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que analice a fondo el Plan B y no lo deseche por formalismos, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF).
En el comunicado, se señala que la SCJN ha negado la petición de la CJEF para resolver en primer término las demandas presentadas en contra de la Ley General de Comunicación Social (LGCS).
Ante esta situación, la Presidencia argumentó que existen dos parámetros diferentes para revisar las leyes: uno “para las leyes del régimen neoliberal, que no han sido dictaminadas en cinco años, y otro para las normas que buscan la transformación exigida por el pueblo de México, las cuales se resolverían en tres meses”.
En el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, se propone anular la totalidad del decreto que reforma las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022, conocido como el Plan B.
Esto, debido a que el ministro instructor, Alberto Pérez Dayán, argumenta que no se cumplieron algunas formalidades del proceso legislativo, una afirmación que la Presidencia considera falsa.
La Consejería Jurídica criticó que el ministro ponente haya omitido tomar en cuenta los argumentos de las autoridades demandadas, lo cual, según ellos, va en contra de su obligación de examinar en su conjunto los razonamientos de todas las partes involucradas.
Además, se señala que el proyecto de sentencia no examina la dispensa de trámite, una atribución reglamentada de los legisladores que permite someter un asunto a discusión y votación sin pasar por comisiones.
El comunicado resalta que el decreto impugnado fue expedido en cumplimiento de una ejecutoria dictada por la propia SCJN en el amparo en revisión 308/2020 de la Primera Sala. Sin embargo, esto tampoco fue tomado en cuenta por el ministro ponente, lo que, según la CJEF, “evidencia la parcialidad del proyecto propuesto”.
Además, se argumenta que no se ha transgredido el principio de deliberación democrática durante la aprobación de las leyes del Plan B, ya que se cumplieron todos los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, incluso los criterios establecidos por la SCJN.
La Presidencia hace un llamado a las ministras y ministros de la SCJN para que actúen con responsabilidad y prioricen la solución del conflicto constitucional sobre las formalidades de trámite que menciona el proyecto de sentencia. Se argumenta que la SCJN no debe restringir las atribuciones del Poder Legislativo, siempre y cuando las normas sean resultado de la voluntad mayoritaria de los legisladores.
