Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).– El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró como “no factible” la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) para posponer la discusión de la primera parte del Plan B electoral, por lo que resolverá las impugnaciones el lunes 8 de mayo.
La SCJN informó en un comunicado que la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Poder Judicial de la Federación, sometió a consulta de las y los integrantes del Pleno la solicitud de la Consejería Jurídica de no resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, hasta en tanto no se pronuncie sobre otra acción presentada en 2018, en contra del decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social.
Al respecto, las 11 ministras y ministros determinaron por unanimidad que “no es factible atender dicha petición, ya que la impugnación presentada en 2023 se listó con fecha fija para el próximo lunes 8 de mayo en términos de la legislación aplicable, toda vez que se ha tramitado con el carácter de electoral”.
El Pleno de la Suprema Corte consideró que el análisis que comenzará el próximo lunes no provocará el dictado de sentencias contradictorias ni afectará los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018, a pesar de que se trate de la misma norma (Ley General de Comunicación Social).
Asimismo, el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas -a la cual no se le dio el trámite de materia electoral-, no ha sido entregado a la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN.
Ayer, La Presidencia de la República solicitó a la Ministra presidenta Norma Lucía Piña que retrasara la discusión del proyecto de invalidación del Plan B de la Reforma Electoral.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal señaló que primero debe el pleno de la Suprema Corte debe de resolver primero una impugnación contra la Ley General de Comunicación Social (LGSC), la cual fue presentada desde el 11 de mayo de 2018, para después analizar la validez de la reforma a dicha norma, aprobada en diciembre del año pasado.
En un comunicado, la oficina jurídica de la Presidencia señaló que la LGCS fue aprobada antes de las elecciones federales de 2018 por las mayorías parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), hecho que fue cuestionado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el partido Movimiento Ciudadano ya que presuntamente “existieron vicios en el procedimiento legislativo” y que algunas de sus disposiciones no son acordes a la Constitución.
Ya que la SCJN consideró que la mencionada Ley era una “norma general y abstracta” y no contaba con carácter electoral, no concedió la suspensión solicitada. Hasta la fecha, señaló la CJEF, no se ha dictado una sentencia definitiva.
“La solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”, concluyó.
