Por: Jesús García de La Opinión
El gobierno del presidente Joe Biden negocia con México deportaciones “a gran escala” de inmigrantes indocumentados de cualquier país y que hayan sido detenidos en la frontera.
No queda claro bajo qué esquema sería, pero la Administración Biden tiene avances con el gobierno del mexicano Andrés Manuel López Obrador, según un reporte de The Washington Post que cita varias personas involucradas en las negociaciones.
El principal motivo de esas negociaciones es el inevitable fin del Título 42, una política de salud pública durante la pandemia de COVID-19, que dejará de aplicarse en mayo, según informó la Administración Biden a la Corte Suprema, donde se analiza una petición sobre el futuro de ese plan, tras presión de gobiernos estatales republicanos.
“Con las restricciones fronterizas de emergencia relacionadas con la pandemia, programadas para expirar esta primavera… los funcionarios de Biden se están moviendo para implementar un nuevo modelo de cumplimiento antes de las elecciones presidenciales”, indica el reporte.
En su mensaje del Estado de la Unión ante el Congreso, el presidente Biden habló poco de asuntos migratorios, incluso se quejó de que no haya avances de la reforma que propuso en 2021, pero urgió, al menos, a proteger a los ‘dreamers’.
Ese estancamiento del plan migratorio del mandatario demócrata sería otro de los motivos para implementar una nueva política restrictiva en la frontera.
Desde finales del 2022 y enero, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, adelantó que al terminar el Título 42 se implementaría el Título 8 sobre asuntos migratorios, el cual permite a inmigrantes solicitar asilo, pero deportar a quienes no cumplan con requisitos de estancia en Estados Unidos.
En medio de la presión de republicanos en el Congreso –quienes buscan llevar a Mayorkas a juicio político–, la Administración Biden ha recordado que con el Título 42 las expulsiones expeditas de inmigrantes no generaban un problema legal para éstos, pero con el Título 8 serían deportaciones, además de la implementación de un castigo de cinco años para entrar al país a quienes enfrenten este proceso.
“Cuando se levante la Orden del Título 42, tenemos la intención de expandir significativamente el uso de la expulsión acelerada a través de nuestras autoridades del Título 8 y, por lo tanto, imponer consecuencias de cumplimiento de la ley a largo plazo para aquellos que buscan cruzar la frontera sin una base legal”, advirtió Mayorkas en abril del 2022.
La Administración Biden implementó un plan para recibir hasta 30,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que tengan algún patrocinador en EE.UU., pero esas personas no tendrán derecho a la petición de asilo.
Organizaciones civiles han criticado al presidente Biden por sus recientes acciones migratorias, como el grupo Mijente, que lamentó los 30 segundos que el mandatario dedicó a inmigrantes en su mensaje ante el Congreso, además de respaldar políticas similares a las del expresidente Trump, planeadas por su exasesor Stephen Miller.
“La mención de inmigración de 30 segundos de Biden omitió el hecho de que está tomando una página del libro de jugadas de Stephen Miller: resucitar una política que bloquearía el asilo para cualquier persona que ingrese a los EE.UU.”, lamentó Mijente. “Esto enviaría de regreso al peligro a las personas que enfrentan persecución y prohibiría el asilo incluso a aquellas personas con los reclamos más sólidos”.
